Judicial
Envían a juicio a joven de 20 años por tenencia de marihuana
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra del imputado Luis Alexander Funes Avalos, de 20 años de edad, acusado por el delito de posesión y tenencia de marihuana.
Inicialmente era acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico pero la juzgadora modificó la calificación a posesión y tenencia.
A eso de las 10:35 de la noche del día lunes 12 de febrero del presente año, agentes se encontraban realizando patrullaje preventivo en sector de responsabilidad sobre pasaje Los Jazmines de la urbanización Jardines de San Bartolo, del municipio de Soyapango.
Vieron a un sujeto que se desplazaba por dicho pasaje, le dieron los comandos verbales de alto y frente a la casa 22 procedieron a requisarlo encontrándole dentro de una mochila de nylon color negro y blanco 30 porciones pequeñas de marihuana.
Presumieron que se trataba de droga fue llevada a la delegación más cercana donde se le realizó análisis físico químico, arrojando positivo a marihuana con un peso de 42.2 gramos con el que se pueden confeccionar 84 cigarrillos y posee un costo en el mercado de $48.10 dólares.
La juzgadora consideró que hay elementos suficientes para poder llevar el caso hacia una vista pública donde se determinará si el acusado es culpable o inocente del delito que se le atribuye, mientras tanto deberá mantenerse en detención provisional mientras se resuelve su situación jurídica.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
