Judicial
Enjuician a ocho acusados de hurtar, robar y asesinar
Por delitos cometidos entre el 2016 y 2017, ocho imputados, entre ellos un expolicía son enjuiciados en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La Fiscalía General de la República los acusa de homicidio, hurto y robo, todos los delitos en la modalidad agravada y ha presentado una serie de pruebas entre los que ofrece declaración de testigos.
En las pesquisas se determinó que el 9 de diciembre de 2017 asesinaron a una persona en un centro nocturno del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Los procesados también son mencionados en hurto y robo de dinero, así como vehículos. El ministerio público busca probar al juzgado que participaron en los hechos y que deben ser condenados a la pena máxima.
Otro de los casos que se están conociendo es el hurto de tres armas de fuego propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC), supuestamente el exagente fue quien sustrajo los tres fusiles de la delegación de Quezaltepeque donde estaba destacado.
El hurto fue cometido en febrero de 2016, según lo establecieron las investigaciones que agentes policiales efectuaron bajo la dirección de la Fiscalía.
«Estas personas fueron absueltas en vista pública, se presentó el recurso de apelación, la cámara correspondiente declaró nulidad de esa vista pública y sentencia y estamos realizando nuevo juicio», dijo la fiscal del caso. Los procesados estuvieron delinquiendo en municipios de La Libertad y Cuscatlán, según la acusación fiscal.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
