Judicial
Enjuician a ocho acusados de hurtar, robar y asesinar
Por delitos cometidos entre el 2016 y 2017, ocho imputados, entre ellos un expolicía son enjuiciados en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La Fiscalía General de la República los acusa de homicidio, hurto y robo, todos los delitos en la modalidad agravada y ha presentado una serie de pruebas entre los que ofrece declaración de testigos.
En las pesquisas se determinó que el 9 de diciembre de 2017 asesinaron a una persona en un centro nocturno del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Los procesados también son mencionados en hurto y robo de dinero, así como vehículos. El ministerio público busca probar al juzgado que participaron en los hechos y que deben ser condenados a la pena máxima.
Otro de los casos que se están conociendo es el hurto de tres armas de fuego propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC), supuestamente el exagente fue quien sustrajo los tres fusiles de la delegación de Quezaltepeque donde estaba destacado.
El hurto fue cometido en febrero de 2016, según lo establecieron las investigaciones que agentes policiales efectuaron bajo la dirección de la Fiscalía.
«Estas personas fueron absueltas en vista pública, se presentó el recurso de apelación, la cámara correspondiente declaró nulidad de esa vista pública y sentencia y estamos realizando nuevo juicio», dijo la fiscal del caso. Los procesados estuvieron delinquiendo en municipios de La Libertad y Cuscatlán, según la acusación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
