Judicial
Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa
La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron enviados hacia el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de paquetes de cable satelital e internet.
El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde. El objetivo que llevaban era visitar la mayor cantidad posible de potenciales clientes para llegar a la meta de ventas establecida mensualmente.
Al llegar al lugar, los cinco jóvenes emprendieron sus labores; Brenda, Jorge (nombres cambiados por protección a las víctimas) y el resto se bajaron de la unidad móvil y se dirigieron a una vivienda para comenzar lo que esperaban fuera una jornada productiva.
Lo que no se imaginaron es que antes de tocar la primera puerta, serían interceptados por dos pandilleros del Barrio 18, entre ellos Oscar Rivera Marroquín, quienes los intimidaron con las armas que portaban. Estos les cuestionaron qué andaban haciendo en el lugar; antes que terminaran de increparlos un tercer sujeto se unió al grupo de criminales.
Jorge y Brenda fueron apartados del grupo y conducidos hacia una “casa destroyer”. Él fue golpeado por dos delincuentes, mientras a ella le dieron dos opciones, ser violada o morir. Por su mente pasó la imagen de sus hijos.
Brenda no tuvo más opción que ser abusada sexualmente por los tres pandilleros.
Tras ello, la mujer salió de la habitación en donde la atacaron y logró ver que el resto de sus compañeros estaban retenidos en el interior de la casa, sentados en el piso. Los tres hombres estaban golpeados y Cecilia (nombre cambiado por protección) fue obligada a entrar a la habitación. También fue violada.
Las cinco víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y del dinero que portaban y al cabo de tres horas fueron dejados en libertad; sin perder más tiempo, regresaron al vehículo y se fueron del lugar.
En el camino lograron ser localizados por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la empresa telefónica reportara a las autoridades que por mucho tiempo la unidad no tenía movimiento.
Solo un criminal fue sentenciado
Ambas mujeres coincidieron a la hora de brindar sus relatos ante el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, donde tuvieron que enfrentar -esta vez mediante videoconferencia- a sus verdugos. Del otro lado de la pantalla, desde un penal, estaban los sujetos llenos de tatuajes.
El caso logró ser individualizado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Rivera Marroquín, quien fue detenido por la PNC, fue procesado por el delito de violación agravada, robo y privación de libertad.
El Tribunal de Sentencia le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le comprobara su actuar en el caso.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
