Judicial
Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa
La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron enviados hacia el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de paquetes de cable satelital e internet.
El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde. El objetivo que llevaban era visitar la mayor cantidad posible de potenciales clientes para llegar a la meta de ventas establecida mensualmente.
Al llegar al lugar, los cinco jóvenes emprendieron sus labores; Brenda, Jorge (nombres cambiados por protección a las víctimas) y el resto se bajaron de la unidad móvil y se dirigieron a una vivienda para comenzar lo que esperaban fuera una jornada productiva.
Lo que no se imaginaron es que antes de tocar la primera puerta, serían interceptados por dos pandilleros del Barrio 18, entre ellos Oscar Rivera Marroquín, quienes los intimidaron con las armas que portaban. Estos les cuestionaron qué andaban haciendo en el lugar; antes que terminaran de increparlos un tercer sujeto se unió al grupo de criminales.
Jorge y Brenda fueron apartados del grupo y conducidos hacia una “casa destroyer”. Él fue golpeado por dos delincuentes, mientras a ella le dieron dos opciones, ser violada o morir. Por su mente pasó la imagen de sus hijos.
Brenda no tuvo más opción que ser abusada sexualmente por los tres pandilleros.
Tras ello, la mujer salió de la habitación en donde la atacaron y logró ver que el resto de sus compañeros estaban retenidos en el interior de la casa, sentados en el piso. Los tres hombres estaban golpeados y Cecilia (nombre cambiado por protección) fue obligada a entrar a la habitación. También fue violada.
Las cinco víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y del dinero que portaban y al cabo de tres horas fueron dejados en libertad; sin perder más tiempo, regresaron al vehículo y se fueron del lugar.
En el camino lograron ser localizados por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la empresa telefónica reportara a las autoridades que por mucho tiempo la unidad no tenía movimiento.
Solo un criminal fue sentenciado
Ambas mujeres coincidieron a la hora de brindar sus relatos ante el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, donde tuvieron que enfrentar -esta vez mediante videoconferencia- a sus verdugos. Del otro lado de la pantalla, desde un penal, estaban los sujetos llenos de tatuajes.
El caso logró ser individualizado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Rivera Marroquín, quien fue detenido por la PNC, fue procesado por el delito de violación agravada, robo y privación de libertad.
El Tribunal de Sentencia le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le comprobara su actuar en el caso.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
