Judicial
Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa
La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron enviados hacia el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de paquetes de cable satelital e internet.
El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde. El objetivo que llevaban era visitar la mayor cantidad posible de potenciales clientes para llegar a la meta de ventas establecida mensualmente.
Al llegar al lugar, los cinco jóvenes emprendieron sus labores; Brenda, Jorge (nombres cambiados por protección a las víctimas) y el resto se bajaron de la unidad móvil y se dirigieron a una vivienda para comenzar lo que esperaban fuera una jornada productiva.
Lo que no se imaginaron es que antes de tocar la primera puerta, serían interceptados por dos pandilleros del Barrio 18, entre ellos Oscar Rivera Marroquín, quienes los intimidaron con las armas que portaban. Estos les cuestionaron qué andaban haciendo en el lugar; antes que terminaran de increparlos un tercer sujeto se unió al grupo de criminales.
Jorge y Brenda fueron apartados del grupo y conducidos hacia una “casa destroyer”. Él fue golpeado por dos delincuentes, mientras a ella le dieron dos opciones, ser violada o morir. Por su mente pasó la imagen de sus hijos.
Brenda no tuvo más opción que ser abusada sexualmente por los tres pandilleros.
Tras ello, la mujer salió de la habitación en donde la atacaron y logró ver que el resto de sus compañeros estaban retenidos en el interior de la casa, sentados en el piso. Los tres hombres estaban golpeados y Cecilia (nombre cambiado por protección) fue obligada a entrar a la habitación. También fue violada.
Las cinco víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y del dinero que portaban y al cabo de tres horas fueron dejados en libertad; sin perder más tiempo, regresaron al vehículo y se fueron del lugar.
En el camino lograron ser localizados por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la empresa telefónica reportara a las autoridades que por mucho tiempo la unidad no tenía movimiento.
Solo un criminal fue sentenciado
Ambas mujeres coincidieron a la hora de brindar sus relatos ante el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, donde tuvieron que enfrentar -esta vez mediante videoconferencia- a sus verdugos. Del otro lado de la pantalla, desde un penal, estaban los sujetos llenos de tatuajes.
El caso logró ser individualizado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Rivera Marroquín, quien fue detenido por la PNC, fue procesado por el delito de violación agravada, robo y privación de libertad.
El Tribunal de Sentencia le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le comprobara su actuar en el caso.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
