Judicial
Duras condenas para sujetos que acabaron con la vida de una vendedora de cocos sobre la autopista Comalapa
Dos sujetos fueron condenados a 30 años de cárcel tras ser hallados culpables de quitarle la vida a una mujer que vendía cocos sobre la autopista a Comalapa, en el municipio de San Juan Talpa, en el departamento de La Paz.
Fiscales de la Unidad de Vida de la sede fiscal en Zaragoza informaron que Juan José Díaz Salinas (salvadoreño) y Saúl Martínez López (nicaragüense) acabaron con la vida de Carmen Flores Ponce justo cuando se disponía a realizar sus labores diarias de venta de cocos en un puesto ubicado sobre la autopista que conduce al Aeropuerto Internacional “San Oscar Arnulfo Romero”.
“Llegaron a bordo de un pick up y sin mediar palabras le asestaron varios disparos que terminaron con su vida en el instante”, dijo la Fiscalía General de la República (FGR).
En la audiencia de vista pública, instalada por el Tribunal Primero de Sentencia, la FGR aportó los elementos probatorios necesarios para que el juez estableciera la condena de 30 años a cada uno por el crimen cometido en el año 2017.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana realizó vista pública contra Mario Orlando Rosales Gómez, de 33 años de edad, y Claudia Criselda Cerna Gómez, hermana del imputado.
Rosales Gómez era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado, en perjuicio de una mujer, de quien se omite su identidad de conformidad. Mientras que a su hermana se le imputaba el delito de complicidad en el mismo ilícito.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la existencia del delito así como la participación de Rosales Gómez en el mismo, por lo que lo declaró culpable y le impuso una pena de 17 años seis meses de prisión. Mientras que en el caso de la acusada Cerna Gómez, la jueza la absolvió por varias razones. Entre ellas, la representación fiscal no pudo probar que ella tuviera conocimiento previo del plan del autor de ejecución.
Los hechos que fueron objeto del juicio ocurrieron en el departamento de Santa Ana, entre el 5 y 6 de noviembre del año 2018, cuando la imputada llegó a casa de la víctima y ésta por el grado de confianza que tenía, le abrió la puerta sin dudarlo. En ese momento, el acusado, que acompañaba a su hermana, ingresó y comenzó a agredir física y verbalmente a la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirma que logró la condena a 15 años de prisión de un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusado por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con el registro fiscal, se trata de Víctor Daniel Coreas Saravia, quien fue declarado culpable tras haber sido sometido a un proceso judicial por el delito al que se le imputó.
El Juzgado Segundo de Paz validó todas las pruebas presentadas contra el pandillero quien cometió el ilícito en 2018 en el departamento de San Miguel.
Por otra parte, la FGR también confirma que el pandillero extorsionista de la 18 David de Jesús Menéndez ha sido condenado a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada.
Los hechos ocurrieron en Santa Ana, durante los meses de enero y abril del 2020, detallan las autoridades.
Por cuarta ocasión se suspendió la audiencia preliminar contra el exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, en vista de que su abogado renunció a defenderlo en el juicio en su contra.
La jueza segunda de Instrucción suspendió la diligencia luego que no se presentó el defensor del también coronel en situación de retiro, el profesional del derecho dejó el caso “porque él quería que le pagara adelantado”, relató Ochoa Pérez.
De manera que la audiencia preliminar en su contra fue reprogramada para el 18 de octubre, acotó el exembajador.
Para evitar que se suspenda por una quinta ocasión la mencionada diligencia, a Sigifredo Ochoa Pérez se le asignará un defensor público, de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Sigifredo Ochoa Pérez y al exministro consejero, Walter Anaya, del delito de peculado por apropiarse legalmente de $41,040 cuando estuvieron al frente de la embajada de El Salvador en Honduras.
Ochoa Pérez pactó con una mujer de nacionalidad hondureña el arrendamiento del local donde funcionaba la sede diplomática, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores enviaba cheques con una cifra superior a lo acordado, de manera que se quedaba con el excedente, sostiene la FGR.
