Judicial
Dura condena para pandilleras que exigían $4,000 a empresario de San Salvador
Foto: Cortesía
Tres pandilleras fueron condenada a 15 años de cárcel por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por extorsión agravada contra un empresario.
Las sentenciadas son: Wendy Jamilet Alfaro Elizondo, Sílvia Marina Velásquez y Katerine Estefany Barahona Franco. De acuerdo con la investigación, en agosto de 2021 la víctima fue notificado por sus empleados que pandilleros dejaron un celular para contactarse con él.
En un primer momento, los mareros le exigieron $4,000, pero tras el alegato de la víctima, los criminales bajaron la suma a $1,000 bajo la amenaza de no entregarlo atentarían contra la vida de él y la de sus empleados. Los delincuentes indicaron que se realizara depósitos bancarios a nombre de una mujer.
Tras la amenaza, el empresario interpuso la denuncia y la Policía montó un operativo donde detuvieron a las condenadas a quienes les encontraron varios váuchers con retiros bancarios y teléfonos celulares.
La víctima interpuso denuncia y, a través de un operativo de la Policía Nacional Civil, capturaron a Wendy Jamilet Alfaro Elizondo, Sílvia Marina Velásquez y Katerine Estefany Barahona Franco, a quienes se les encontró varios váuchers de retiros bancarios y teléfonos celulares.
Por lo anterior fueron procesadas en el Tribunal Segundo de Sentencia de Salvador, y condenadas a 15 años de cárcel por extorsión agravada, entre las pruebas están las llamadas de coordinación entre los extorsionistas y la víctima a través de los celulares incautados en la captura.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
