El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de hasta 45 años de prisión a 14 integrantes de la estructura El Carmen, de la pandilla 18, por su participación en varios delitos.

De acuerdo con la información proporcionada, los pandilleros operaban en el municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán, específicamente en los distritos de El Carmen y su casco urbano, La Loma, cantón San Sebastián, cantón San Antonio y el sector de Barcelona.

Entre los imputados se encuentran dos palabreros, 11 homeboys y un colaborador civil, quienes fueron procesados por los delitos de robo, extorsión, amenazas, privación de libertad, homicidio, venta de droga y portación ilegal de armas de fuego.

Según el fallo judicial, los palabreros Roberto Carlos Vásquez, alias Western, y Cristian Roberto Molina García, alias Ángel Black, fueron condenados a 45 años de prisión. Ambos ordenaban los crímenes que cometían los demás integrantes de la estructura.

Por su parte, los 11 homeboys y el colaborador civil recibieron condenas de 30 años de prisión.

«Durante el juicio la Fiscalía expuso abundante prueba, incluyendo prueba testimonial que declararon en contra de la estructura, prueba pericial y análisis de tatuajes alusivos a la pandilla 18 Sureños que portaban los imputados», indicó el Ministerio Público.

Condenan a otros 51 imputados por agrupaciones ilícitas

En otro caso, el pasado 12 de octubre, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 51 imputados por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.

De acuerdo con la resolución judicial, cinco integrantes de la estructura criminal, con el rango de homeboys y funciones de liderazgo, recibieron una condena de 45 años de prisión.

Los otros 46 procesados, identificados con el rango de paros o colaboradores, fueron condenados a 30 años de prisión por el mismo delito.

La juzgadora indicó que, como parte de las pruebas presentadas durante el proceso, se encontraron elementos en los dispositivos móviles de los imputados que los vinculan con la MS. Además, se confirmó la presencia de tatuajes alusivos a pandillas.

El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.

Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.

Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.

La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.

Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.

En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.

La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.

Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.

Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.

Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.

El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.