Judicial
Decretan cárcel para sujeto acusado de estafa en San Salvador
Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la sede de San Salvador logró que Edwin Oswaldo Ortiz Recinos permanezca en prisión mientras continúa el proceso penal en su contra, iniciado por el delito de Estafa, en perjuicio de 8 víctimas.
Las indagaciones de la Fiscalía han establecido que el modo de operar de Ortiz Recinos era que les exigía a las víctimas una cierta cantidad de dinero, en concepto de anticipo por importar vehículos usados desde los Estados Unidos.
Con el paso del tiempo, el imputado comenzaba a poner excusas para no darles ni el dinero, ni los carros, ya que argumentaba que había habido algún retraso en la aduana o con la naviera que transportaba los automotores, etc.
Solo en perjuicio de las primeras ocho víctimas, la Fiscalía ha calculado que el monto de lo defraudado asciende a más de $69,000 dólares. No obstante, este mismo día, Ortiz ha sido acusado en siete casos más. Por lo que el requerimiento de este nuevo proceso será presentado en las próximas horas.
El Juzgado 2º de Paz de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso y decidió, con base en los indicios presentados, que el imputado pasara a la siguiente etapa del proceso penal en detención provisional, dado que hay un serio riesgo de fuga.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
