Judicial
«De todos, el caso de Norman Quijano es el más relevante… Ahora le toca enfrentar a la justicia»: Presidente Bukele
Tras la presentación de la solicitud de antejuicio contra Norman Quijano por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, emitió su opinión, y señaló que la Fiscalía General de la República, debe investigar a todas las personas que se reunieron con pandillas, si tienen indicios.
El presidente Bukele argumentó en conferencia de prensa, que el único que tiene fuero es el diputado Norman Quijano “Es el único caso de todos los que pueden mencionar, que tiene fuero; el fiscal debe investigar a todos, todas las personas que tengan indicios con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. En el caso especial de Quijano, él tiene fuero. Si hay pruebas,¡hombre! que enjuicien a todos los que se tengan que enjuiciar”, dijo contundentemente el mandatario salvadoreño.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional para procesar al diputado de Arena, Norma Quijano, quien según videos de la operación Cuscatlán se reunió con pandilleros, durante la campaña presidencial de 2014-2015.
Por lo que, el presidente exhortó a los partidos mayoritarios ARENA y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a no volver a unir sus votos para mantener el blindaje que le otorga la Asamblea Legislativa con el fuero.
“Quiero hacer un llamado a los diputados a que no vayan a caer en un suicidio político u ocupar su capacidad aritmética e incluso que se vuelvan a unir los votos ARENA y el FMLN en la Asamblea para proteger al diputado Quijano de la justicia», indico el mandatario.
El mandatario pidió a los legisladores hacer su trabajo que es seguir los lineamientos de la ley “sino ellos estarían metiéndose en delito como encubrimiento, cohecho”, indicó Bukele, “los diputados tienen que remover el fuero a Norman Quijano. Luego deberá demostrarse su culpabilidad o inocencia”, un papel que le corresponde con investigaciones sustentadas a la Fiscalía ante un tribunal de la República.
El Fuero Constitucional
El fuero constitucional tiene una el objetivo de: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. A fin de que las personas que quieran acusar a un funcionario, no lo hagan con iniciativas subjetivas, y se retire al funcionario de su cargo y se entorpezca su trabajo con el Estado.
“Este es el único caso que tiene fuero y está protegido por el este blindaje que tiene como diputado, y es por eso que el fiscal ha pedido que se le remueva para poder ser investigado», indicó el presidente Bukele.
La Constitución de la República establece en los artículos 125, 236 al 238 que los funcionarios públicos, así como los diputados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y por ende la Asamblea Legislativa, es la que decide si “hay lugar a formación de causa” o si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
