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Judicial

«De todos, el caso de Norman Quijano es el más relevante… Ahora le toca enfrentar a la justicia»: Presidente Bukele

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Tras la presentación de la solicitud de antejuicio contra Norman Quijano por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, emitió su opinión, y señaló que la Fiscalía General de la República, debe investigar a todas las personas que se reunieron con pandillas, si tienen indicios.

El presidente Bukele argumentó en conferencia de prensa, que el único que tiene fuero es el diputado Norman Quijano “Es el único caso de todos los que pueden mencionar, que tiene fuero; el fiscal debe investigar a todos, todas las personas que tengan indicios con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. En el caso especial de Quijano, él tiene fuero. Si hay pruebas,¡hombre! que enjuicien a todos los que se tengan que enjuiciar”, dijo contundentemente el mandatario salvadoreño.

Esta tarde, la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional para procesar al diputado de Arena, Norma Quijano, quien según videos de la operación Cuscatlán se reunió con pandilleros, durante la campaña presidencial de 2014-2015.

Por lo que, el presidente exhortó a los partidos mayoritarios ARENA y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a no volver a unir sus votos para mantener el blindaje que le otorga la Asamblea Legislativa con el fuero. 

“Quiero hacer un llamado a los diputados a que no vayan a caer en un suicidio político u ocupar su capacidad aritmética e incluso que se vuelvan a unir los votos ARENA y el FMLN en la Asamblea para proteger al diputado Quijano de la justicia», indico el mandatario.

El mandatario pidió a los legisladores hacer su trabajo que es seguir los lineamientos de la ley “sino ellos estarían metiéndose en delito como encubrimiento, cohecho”, indicó Bukele, “los diputados tienen que remover el fuero a Norman Quijano. Luego deberá demostrarse su culpabilidad o inocencia”, un papel que le corresponde con investigaciones sustentadas a la Fiscalía ante un tribunal de la República. 

El Fuero Constitucional

El fuero constitucional tiene una el objetivo de: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. A fin de que las personas que quieran acusar a un funcionario, no lo hagan con iniciativas subjetivas, y se retire al funcionario de su cargo y se entorpezca su trabajo con el Estado. 

“Este es el único caso que tiene fuero y está protegido por el este blindaje que tiene como diputado, y es por eso que el fiscal ha pedido que se le remueva para poder ser investigado», indicó el presidente Bukele. 

La Constitución de la República establece en los artículos 125, 236 al 238 que los funcionarios públicos, así como los diputados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y por ende  la Asamblea Legislativa, es la que decide si “hay lugar a formación de causa” o si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.

Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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