Judicial
Condenan a “viuda negra” a 16 años de cárcel
El Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador impuso 16 años de cárcel a Magdalena Patricia Lucha, por el delito de trata de personas en modalidad de matrimonio forzado y explotación sexual, en perjuicio de una víctima.
Además, se le inculpaba por cuatro delitos más; suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio de una menor de edad; estafa, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en perjuicio de la vida de Melvin Reyes Rosa; por estos delitos la jueza manifestó que no había prueba directa que la incriminara en la participación de estos ilícitos.
Asimismo la sentenció en responsabilidad civil al pago de $ 2 mil 400 dólares a la víctima, debido a que el psicólogo forense estableció que en eso estima pueda costar el tratamiento psicológico, por la afectación a la que fue sometida.
La acusada pertenecía a un grupo de mujeres que se dedicaban a la trata de personas, caso conocido como “Viudas Negras”. Los hechos ocurrieron entre junio y diciembre de 2016; en el municipio de San Marcos, en San Salvador, donde formo parte para mantener a la víctima bajo amenazas de muerte.
La víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con múltiples hombres y a realizar actividades domésticas en la casa donde vivía, también fue forzada a casarse con Melvin Rosa, quien después fue encontrado sin vida; para que posteriormente cobrara un seguro de vida por $60 mil dólares, el cual fue entregado a una de las personas involucradas en este caso.
En el caso “Viudas negras” fueron sentenciadas siete personas por el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador en mayo de 2019, a penas entre 15 y 30 años, asimismo otra persona por el Tribunal 5° de Sentencia de esta ciudad en marzo de 2020.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
