Judicial
Condenan a “viuda negra” a 16 años de cárcel
El Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador impuso 16 años de cárcel a Magdalena Patricia Lucha, por el delito de trata de personas en modalidad de matrimonio forzado y explotación sexual, en perjuicio de una víctima.
Además, se le inculpaba por cuatro delitos más; suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio de una menor de edad; estafa, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en perjuicio de la vida de Melvin Reyes Rosa; por estos delitos la jueza manifestó que no había prueba directa que la incriminara en la participación de estos ilícitos.
Asimismo la sentenció en responsabilidad civil al pago de $ 2 mil 400 dólares a la víctima, debido a que el psicólogo forense estableció que en eso estima pueda costar el tratamiento psicológico, por la afectación a la que fue sometida.
La acusada pertenecía a un grupo de mujeres que se dedicaban a la trata de personas, caso conocido como “Viudas Negras”. Los hechos ocurrieron entre junio y diciembre de 2016; en el municipio de San Marcos, en San Salvador, donde formo parte para mantener a la víctima bajo amenazas de muerte.
La víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con múltiples hombres y a realizar actividades domésticas en la casa donde vivía, también fue forzada a casarse con Melvin Rosa, quien después fue encontrado sin vida; para que posteriormente cobrara un seguro de vida por $60 mil dólares, el cual fue entregado a una de las personas involucradas en este caso.
En el caso “Viudas negras” fueron sentenciadas siete personas por el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador en mayo de 2019, a penas entre 15 y 30 años, asimismo otra persona por el Tribunal 5° de Sentencia de esta ciudad en marzo de 2020.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
