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Judicial

Ciudadanos interponen demanda ante la Sala por convocatoria del presidente Bukele a sesión extraordinaria

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Dos ciudadanos interpusieron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo y contra el llamado a la insurrección que hizo a través de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele.

En la demanda, los ciudadanos Ruth López y Luis Portillo piden suspender la convocatoria del Consejo de Ministros y cualquier otra que comprenda aprobación de préstamos.

La demanda fue interpuesta contra el punto 4 de la sesión número 2 del 6 de febrero de 2020 del Consejo de Ministros, que convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el 9 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo para someter a votación el dictamen 278, el préstamo para la fase III del Plan Control Territorial.

A juicio de los demandantes, la aprobación de préstamos compete a la Asamblea Legislativa. En tal sentido, en su demanda piden a la Sala emita una medida cautelar en contra de la convocatoria a la sesión extraordinaria hecha para este domingo por el presidente de la República, Nayib Bukele.

Por su parte, el gabinete de seguridad y ministro de Hacienda aseguran que ya han dado las explicaciones pertinentes ante los diputados respecto al crédito. La situación ha generado una pugna de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y la Fuerza Armada y PNC han respaldado al presidente, quien mantiene la posición que la Asamblea sesione este domingo a las 3 de la tarde para aprobar el crédito.

El congreso definió en sesión del jueves pasado que el único que puede convocar a plenaria es el presidente del órgano legislativo, no el presidente de la República, y convocó a la comisión de Hacienda a sesionar este lunes para estudiar el crédito y someterlo a votación el jueves de esta semana.

Ante este panorama, los ciudadanos demandantes señalan en su escrito que Bukele «ha puesto en riesgo el orden constitucional» por lo que pidieron a los magistrados de la Sala que dé una interpretación final sobre la disposición constitucional «para dotar al sistema de estabilidad».

Hasta esta mañana de domingo, la Sala no se ha pronunciado al respecto, y se mantiene la convocatoria del presidente para que se realice la plenaria esta misma tarde. Las fracciones mayoritarias de ARENA y FMLN adelantaron que no acudirán al llamado, mientras que GANA y PCN dijeron estarán presentes en el pleno.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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