Judicial
Capturan a un pandillero de la 18 implicado en asaltos de restaurantes de la colonia Escalón: El Charrúa y La Quinta
La noche del lunes, un pandillero de la 18 fue detenido, por orden judicial, en las inmediaciones del centro comercial Las Terrazas, en San Salvador, luego de ser señalado como uno de los implicados en asaltar dos restaurantes ubicados en la colonia Escalón.
De acuerdo a los datos brindados por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto fue identificado como Ever Manuel Garita Guillén, 25 años de edad, alias “Slow” y fue detenido a eso de las 9:45 de la noche.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Garita Guillén debía de ser detenido por los delitos de agrupaciones ilícitas y por homicidio agravado. Asimismo, se vincula al sujeto como el líder de la banda de asaltantes que asedió a varios restaurantes y bares de la Escalón.
Uno de los asaltos fue ejecutado el 17 de noviembre de 2017, en el interior del restaurante La Quinta, que estuvo situado entre la 85ª avenida Norte y 9ª calle Poniente de la referida colonia.
En el atraco, cometido por siete sujetos, fueron más de 100 personas las afectadas, quienes fueron despojadas de dinero, billeteras, relojes, celulares y prendas de valor, luego de ser amenazadas a muerte.
Además, los propietarios del restaurante también resultaron afectados al ser parte del asalto, en donde –según ellos- habrían perdido miles de dólares invertidos en el negocio, así como unas laptop.
Luego, 21 días después, exactamente el 8 de diciembre, otro restaurante fue invadido por los asaltantes, entre ellos habría estado Garita Guillén.
En esa ocasión, los clientes del restaurante de carnes El Charrúa, situado en la plaza Israel, fueron víctimas de igual cantidad de asaltantes como los que ingresaron a La Quinta: siete hombres armados.
Las víctimas que se encontraban cenando el jueves, a eso de las 7:30 de la noche, fueron despojadas de todas sus pertenencias tras recibir una serie de amenazas de muerte, por lo que no hubo resistencia. También se llevaron dinero en efectivo del negocio.
A partir de esas dos eventualidad, uno de los negocios desapareció (La Quinta); mientras que el otro sitio afectado decidió instalar un sistema de videovigilancia y se apoyó de las autoridades policiales para mantener la seguridad de sus comensales.
Involucrado en un homicidio
El joven pandillero es señalado por la FGR de haber participado en el homicidio de un hombre, quien fue privado de libertad en la comunidad Las Palmas, situada cerca del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
La PNC indicó que el asesinato ocurrió en julio y el cuerpo de la víctima fue lanzado en la carretera de Comalapa. La identidad de la persona asesinada no fue dada a conocer por la Policía.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
