Judicial
Cámara ordenó nueva audiencia para febrero de 2021 para Sigfrido Reyes por Enriquecimiento Ilícito
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer nuevos detalles de la resolución en la que fue admitida toda la prueba que se ofreció ante la demanda de carácter civil por Enriquecimiento ilícito, promovida en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, su esposa e hijo.
Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro notificaron a la FGR que, tras el desarrollo de la audiencia preparatoria, se cumplieron los presupuestos legales para la admisión de toda la prueba de tipo documental y pericial aportada en este proceso.
Los demandados Othón Sigfrido Reyes Morales, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández (esposa) y Damián Reyes Rodríguez (hijo), deberán enfrentar la segunda etapa procesal. Es decir, que serán sometidos a la audiencia probatoria, la cual fue programada para el 4 y 5 de febrero del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana.
En la misma resolución, las magistradas aceptaron y rechazaron parte de la prueba ofrecida por los apoderados de los demandados; no se incorporaron un total de 11 documentos y todos los puntos de la pericia, que de forma infundada quisieron adicionar durante la audiencia preparatoria. Las magistradas determinaron que la prueba no admitida fue porque esta no reúne los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia.
“… y carecen de utilidad, ya que lo que se pretende probar con los mismos no son hechos que guardan relación alguna con la pretensión, sino a la interpretación en la que pretende sustentar su argumento la parte demandada …”, consigna literal parte de la resolución.
La FGR promovió la demanda al determinarse que el exparlamentario y sus familiares tuvieron un incremento injustificado en un total de $472,464.04, entre los años 2006 al 2015 cuando él ocupó diferentes cargos en la Asamblea Legislativa.
Los rubros irregulares son en depósitos bancarios, inversiones por compra de inmuebles y vehículos. También por cobro excesivo de viáticos en viajes realizados.
La demanda se originó a partir del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que encontró ocho irregularidades en el patrimonio de Reyes y su familia.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
