Judicial
Cámara ordenó nueva audiencia para febrero de 2021 para Sigfrido Reyes por Enriquecimiento Ilícito
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer nuevos detalles de la resolución en la que fue admitida toda la prueba que se ofreció ante la demanda de carácter civil por Enriquecimiento ilícito, promovida en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, su esposa e hijo.
Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro notificaron a la FGR que, tras el desarrollo de la audiencia preparatoria, se cumplieron los presupuestos legales para la admisión de toda la prueba de tipo documental y pericial aportada en este proceso.
Los demandados Othón Sigfrido Reyes Morales, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández (esposa) y Damián Reyes Rodríguez (hijo), deberán enfrentar la segunda etapa procesal. Es decir, que serán sometidos a la audiencia probatoria, la cual fue programada para el 4 y 5 de febrero del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana.
En la misma resolución, las magistradas aceptaron y rechazaron parte de la prueba ofrecida por los apoderados de los demandados; no se incorporaron un total de 11 documentos y todos los puntos de la pericia, que de forma infundada quisieron adicionar durante la audiencia preparatoria. Las magistradas determinaron que la prueba no admitida fue porque esta no reúne los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia.
“… y carecen de utilidad, ya que lo que se pretende probar con los mismos no son hechos que guardan relación alguna con la pretensión, sino a la interpretación en la que pretende sustentar su argumento la parte demandada …”, consigna literal parte de la resolución.
La FGR promovió la demanda al determinarse que el exparlamentario y sus familiares tuvieron un incremento injustificado en un total de $472,464.04, entre los años 2006 al 2015 cuando él ocupó diferentes cargos en la Asamblea Legislativa.
Los rubros irregulares son en depósitos bancarios, inversiones por compra de inmuebles y vehículos. También por cobro excesivo de viáticos en viajes realizados.
La demanda se originó a partir del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que encontró ocho irregularidades en el patrimonio de Reyes y su familia.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
