Judicial
Cámara ordenó nueva audiencia para febrero de 2021 para Sigfrido Reyes por Enriquecimiento Ilícito
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer nuevos detalles de la resolución en la que fue admitida toda la prueba que se ofreció ante la demanda de carácter civil por Enriquecimiento ilícito, promovida en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, su esposa e hijo.
Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro notificaron a la FGR que, tras el desarrollo de la audiencia preparatoria, se cumplieron los presupuestos legales para la admisión de toda la prueba de tipo documental y pericial aportada en este proceso.
Los demandados Othón Sigfrido Reyes Morales, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández (esposa) y Damián Reyes Rodríguez (hijo), deberán enfrentar la segunda etapa procesal. Es decir, que serán sometidos a la audiencia probatoria, la cual fue programada para el 4 y 5 de febrero del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana.
En la misma resolución, las magistradas aceptaron y rechazaron parte de la prueba ofrecida por los apoderados de los demandados; no se incorporaron un total de 11 documentos y todos los puntos de la pericia, que de forma infundada quisieron adicionar durante la audiencia preparatoria. Las magistradas determinaron que la prueba no admitida fue porque esta no reúne los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia.
“… y carecen de utilidad, ya que lo que se pretende probar con los mismos no son hechos que guardan relación alguna con la pretensión, sino a la interpretación en la que pretende sustentar su argumento la parte demandada …”, consigna literal parte de la resolución.
La FGR promovió la demanda al determinarse que el exparlamentario y sus familiares tuvieron un incremento injustificado en un total de $472,464.04, entre los años 2006 al 2015 cuando él ocupó diferentes cargos en la Asamblea Legislativa.
Los rubros irregulares son en depósitos bancarios, inversiones por compra de inmuebles y vehículos. También por cobro excesivo de viáticos en viajes realizados.
La demanda se originó a partir del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que encontró ocho irregularidades en el patrimonio de Reyes y su familia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
