Judicial
Cámara niega petición a exsecretario de Saca y reitera que debe devolver más de $400,000 al Estado
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador denegó la petición de los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, para declarar caducidad de la acción civil en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por $481,984, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que ser devueltos al Estado.
Rosales Franco desempeñó su cargo durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, y según señalamientos de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, fueron detectadas irregularidades en el incremento de su patrimonio que no pudieron justificar, las cuales incluyeron las cuentas de su esposa Ana Leonor Morales Luna.
La Cámara dio a conocer su respuesta, este miércoles, durante la realización de una audiencia especial a la que fueron convocadas tanto la Fiscalía como los defensores de Rosales Franco.
«En su oportunidad lo demandamos por 15 irregularidades, 13 fueron por la cantidad de $467,794 en razón de que no pudo justificar el origen de depósitos en efectivo en cuentas de ahorro y cuentas corrientes», explicó uno de os fiscales sobre los señalamientos. Las dos irregularidades restantes fueron en el caso de la esposa del exfuncionario por la suma de $14,189.
«Los abogados [de Rosales Franco] alegaron caducidad de la acción civil respecto a este proceso. Hemos escuchado el adelanto del fallo y nos anunciaron que la declaran sin lugar la petición de los defensores y en su momento van a formalizar la resolución con todos los fundamentos y argumentos por los cuales se les declara sin lugar, lo que significa que el proceso continúa», agregó el fiscal del caso.
La Fiscalía estará a la espera de la fecha en que se va a realizar la audiencia probatoria.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
