Judicial
Cámara niega petición a exsecretario de Saca y reitera que debe devolver más de $400,000 al Estado
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador denegó la petición de los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, para declarar caducidad de la acción civil en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por $481,984, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que ser devueltos al Estado.
Rosales Franco desempeñó su cargo durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, y según señalamientos de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, fueron detectadas irregularidades en el incremento de su patrimonio que no pudieron justificar, las cuales incluyeron las cuentas de su esposa Ana Leonor Morales Luna.
La Cámara dio a conocer su respuesta, este miércoles, durante la realización de una audiencia especial a la que fueron convocadas tanto la Fiscalía como los defensores de Rosales Franco.
«En su oportunidad lo demandamos por 15 irregularidades, 13 fueron por la cantidad de $467,794 en razón de que no pudo justificar el origen de depósitos en efectivo en cuentas de ahorro y cuentas corrientes», explicó uno de os fiscales sobre los señalamientos. Las dos irregularidades restantes fueron en el caso de la esposa del exfuncionario por la suma de $14,189.
«Los abogados [de Rosales Franco] alegaron caducidad de la acción civil respecto a este proceso. Hemos escuchado el adelanto del fallo y nos anunciaron que la declaran sin lugar la petición de los defensores y en su momento van a formalizar la resolución con todos los fundamentos y argumentos por los cuales se les declara sin lugar, lo que significa que el proceso continúa», agregó el fiscal del caso.
La Fiscalía estará a la espera de la fecha en que se va a realizar la audiencia probatoria.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
