Judicial
Cámara niega petición a exsecretario de Saca y reitera que debe devolver más de $400,000 al Estado
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador denegó la petición de los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, para declarar caducidad de la acción civil en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por $481,984, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que ser devueltos al Estado.
Rosales Franco desempeñó su cargo durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, y según señalamientos de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, fueron detectadas irregularidades en el incremento de su patrimonio que no pudieron justificar, las cuales incluyeron las cuentas de su esposa Ana Leonor Morales Luna.
La Cámara dio a conocer su respuesta, este miércoles, durante la realización de una audiencia especial a la que fueron convocadas tanto la Fiscalía como los defensores de Rosales Franco.
«En su oportunidad lo demandamos por 15 irregularidades, 13 fueron por la cantidad de $467,794 en razón de que no pudo justificar el origen de depósitos en efectivo en cuentas de ahorro y cuentas corrientes», explicó uno de os fiscales sobre los señalamientos. Las dos irregularidades restantes fueron en el caso de la esposa del exfuncionario por la suma de $14,189.
«Los abogados [de Rosales Franco] alegaron caducidad de la acción civil respecto a este proceso. Hemos escuchado el adelanto del fallo y nos anunciaron que la declaran sin lugar la petición de los defensores y en su momento van a formalizar la resolución con todos los fundamentos y argumentos por los cuales se les declara sin lugar, lo que significa que el proceso continúa», agregó el fiscal del caso.
La Fiscalía estará a la espera de la fecha en que se va a realizar la audiencia probatoria.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
