Judicial
Cámara niega petición a exsecretario de Saca y reitera que debe devolver más de $400,000 al Estado
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador denegó la petición de los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, para declarar caducidad de la acción civil en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por $481,984, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que ser devueltos al Estado.
Rosales Franco desempeñó su cargo durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, y según señalamientos de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, fueron detectadas irregularidades en el incremento de su patrimonio que no pudieron justificar, las cuales incluyeron las cuentas de su esposa Ana Leonor Morales Luna.
La Cámara dio a conocer su respuesta, este miércoles, durante la realización de una audiencia especial a la que fueron convocadas tanto la Fiscalía como los defensores de Rosales Franco.
«En su oportunidad lo demandamos por 15 irregularidades, 13 fueron por la cantidad de $467,794 en razón de que no pudo justificar el origen de depósitos en efectivo en cuentas de ahorro y cuentas corrientes», explicó uno de os fiscales sobre los señalamientos. Las dos irregularidades restantes fueron en el caso de la esposa del exfuncionario por la suma de $14,189.
«Los abogados [de Rosales Franco] alegaron caducidad de la acción civil respecto a este proceso. Hemos escuchado el adelanto del fallo y nos anunciaron que la declaran sin lugar la petición de los defensores y en su momento van a formalizar la resolución con todos los fundamentos y argumentos por los cuales se les declara sin lugar, lo que significa que el proceso continúa», agregó el fiscal del caso.
La Fiscalía estará a la espera de la fecha en que se va a realizar la audiencia probatoria.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
