Judicial
Amenazó de muerte con un bate al vecino por un parqueo
En un acto catalogado por las autoridades de intolerancia, dos vecinos protagonizaron momentos de confrontación que los llevaron a resolver sus diferencias en los juzgados de Santa Ana.
Según fuentes judiciales, Iván L. se disponía a sacar un vehículo de su cochera, cuando Ricardo C. se le acercó y lo amenazó de muerte junto a su familia. No conforme con eso, le quebró el vidrio de la puerta delantera al tiempo que rayó el carro.
De acuerdo a infomes judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 23 de noviembre de este año en una colonia ubicada en el centro de Santa Ana.
Al sentirse amenazado, Iván decidió llamar a la Policía y marcó al Sistema de Emergencias 911, al llegar los agentes relató lo sucedido.
Ambos vecinos enfrentaron la audiencia inicial, realizada el lunes 9 de diciembre en el Juzgado de Paz de Santa Ana.
Durante la audiencia en el juzgado, los vecinos lograron conciliar, después de llegar a un acuerdo se dio por finalizada la disputa.
Fiscalía lo acusó de amenazas y daños
Por su parte, la Fiscalía acusó durante la audiencia a Ricardo del delito de amenazas y daños, pero tanto el ofendido como el señalado conciliaron en los siguientes términos: el agresor deberá cancelar $50 al vecino afectado, con el cual quedaron resarcidos los daños.
En lo que respecta al delito de amenazas, Iván pidió que su vecino agresor no lo vuelva a ofender, ni amenazar en público como en privado tanto para con su persona y su familia.
Además, como medida de seguridad solicitó al juzgado que ordenara al agresor no acercársele de no ser necesario ya que son vecinos.
Y para llevar la fiesta en paz, pidió que se respeten como personas.
Como plazo para el cumplimiento de las condiciones se fijaron dos meses; por lo que se le advirtió a Ricardo que de incumplir sin causa justificada a los acuerdos pactados, continuará siendo procesado judicialmente.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
