Judicial
Amenazó de muerte con un bate al vecino por un parqueo
En un acto catalogado por las autoridades de intolerancia, dos vecinos protagonizaron momentos de confrontación que los llevaron a resolver sus diferencias en los juzgados de Santa Ana.
Según fuentes judiciales, Iván L. se disponía a sacar un vehículo de su cochera, cuando Ricardo C. se le acercó y lo amenazó de muerte junto a su familia. No conforme con eso, le quebró el vidrio de la puerta delantera al tiempo que rayó el carro.
De acuerdo a infomes judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 23 de noviembre de este año en una colonia ubicada en el centro de Santa Ana.
Al sentirse amenazado, Iván decidió llamar a la Policía y marcó al Sistema de Emergencias 911, al llegar los agentes relató lo sucedido.
Ambos vecinos enfrentaron la audiencia inicial, realizada el lunes 9 de diciembre en el Juzgado de Paz de Santa Ana.
Durante la audiencia en el juzgado, los vecinos lograron conciliar, después de llegar a un acuerdo se dio por finalizada la disputa.
Fiscalía lo acusó de amenazas y daños
Por su parte, la Fiscalía acusó durante la audiencia a Ricardo del delito de amenazas y daños, pero tanto el ofendido como el señalado conciliaron en los siguientes términos: el agresor deberá cancelar $50 al vecino afectado, con el cual quedaron resarcidos los daños.
En lo que respecta al delito de amenazas, Iván pidió que su vecino agresor no lo vuelva a ofender, ni amenazar en público como en privado tanto para con su persona y su familia.
Además, como medida de seguridad solicitó al juzgado que ordenara al agresor no acercársele de no ser necesario ya que son vecinos.
Y para llevar la fiesta en paz, pidió que se respeten como personas.
Como plazo para el cumplimiento de las condiciones se fijaron dos meses; por lo que se le advirtió a Ricardo que de incumplir sin causa justificada a los acuerdos pactados, continuará siendo procesado judicialmente.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
