Judicial
Amenazó de muerte con un bate al vecino por un parqueo
En un acto catalogado por las autoridades de intolerancia, dos vecinos protagonizaron momentos de confrontación que los llevaron a resolver sus diferencias en los juzgados de Santa Ana.
Según fuentes judiciales, Iván L. se disponía a sacar un vehículo de su cochera, cuando Ricardo C. se le acercó y lo amenazó de muerte junto a su familia. No conforme con eso, le quebró el vidrio de la puerta delantera al tiempo que rayó el carro.
De acuerdo a infomes judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 23 de noviembre de este año en una colonia ubicada en el centro de Santa Ana.
Al sentirse amenazado, Iván decidió llamar a la Policía y marcó al Sistema de Emergencias 911, al llegar los agentes relató lo sucedido.
Ambos vecinos enfrentaron la audiencia inicial, realizada el lunes 9 de diciembre en el Juzgado de Paz de Santa Ana.
Durante la audiencia en el juzgado, los vecinos lograron conciliar, después de llegar a un acuerdo se dio por finalizada la disputa.
Fiscalía lo acusó de amenazas y daños
Por su parte, la Fiscalía acusó durante la audiencia a Ricardo del delito de amenazas y daños, pero tanto el ofendido como el señalado conciliaron en los siguientes términos: el agresor deberá cancelar $50 al vecino afectado, con el cual quedaron resarcidos los daños.
En lo que respecta al delito de amenazas, Iván pidió que su vecino agresor no lo vuelva a ofender, ni amenazar en público como en privado tanto para con su persona y su familia.
Además, como medida de seguridad solicitó al juzgado que ordenara al agresor no acercársele de no ser necesario ya que son vecinos.
Y para llevar la fiesta en paz, pidió que se respeten como personas.
Como plazo para el cumplimiento de las condiciones se fijaron dos meses; por lo que se le advirtió a Ricardo que de incumplir sin causa justificada a los acuerdos pactados, continuará siendo procesado judicialmente.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
