Judicial
Acusan por el delito de lesiones graves y agravadas a policía que lesionó de bala a joven en San Julián
Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará el lunes el requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que lesionó con un fusil a un joven de 19 años en el municipio de San Julián, en Sonsonate; este día informó que ya se presentó una acusación formal contra del agente.
Las autoridades fiscales confirmaron que acusaron al policía por el delito de lesiones graves y agravadas en el Juzgado de Paz de Sonsonate. También pidieron que se mantenga en prisión mientras es investigado, tras confirmar que lo detuvieron el domingo al conocer el hecho.
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El joven, reconocido como Alfredo Canesa, fue herido con impactos de bala, uno en cada pierda, por el agente, tras presuntamente negarse a pagar $50 para que no lo remitieran a un centro de contención a cumplir con cuarentena institucional.
El hecho ocurrió en un retén en San Julián cuando Canesa se conducía con un acompañante a bordo de una motocicleta y no pudo presentar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, ya que se le habían olvidado.
En publicaciones de la corporación policial, que posteriormente fueron borrados, se dijo que, pese que uno de los dos disparos le fracturó un huezo, el joven no se sentía «ofendido».
La versión del joven, según la PNC, quedó consignada en un acta luego que de él habría hablado con investigadores policiales que llegaron al hospital donde se encuentra ingresado.
La familia del joven aseguró que el joven se encuentra dañado sicológicamente. También expuso que está pidiendo ayuda para que Alfredo sea operado de la pierna izquierda, donde tiene el huezo fracturado. Según testigos, Canesa trabajaba como albañil y era muy conocido en la zona.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
