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Judicial

Acusan a dos policías de provocar éxodos de familias en Cuscatancingo

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Familias han sido víctimas de éxodos en una colonia de Cuscatancingo, en San Salvador, gracias a que dos policías se han encargado de generar pánico y zozobra en la comunidad, así lo asegura una vendedora de tortillas que fue privada de libertad en una delegación en 2017 cuando iba a interponer la denuncia.


Según el expediente judicial de este caso, Oscar G., de 26 años de edad, y Eugenio C., de 35, ambos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son acusados de provocar la movilización de varias familias de las cuales solo una se atrevió a denunciarlos. Francisca (nombre modificado por seguridad) la única de las víctimas que decidió contar lo que había ocurrido.

Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.

“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.

Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.

“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.

Sin embargo, al ver que no salía aviso a persona de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH).

“Ya quedaste fichada. Nada me cuesta ponerte un paquete de droga”, le dijo uno de ellos al mismo tiempo que le quitaba las esposas. Francisca escapó en estado de shock, la denuncia se interpuso en la PDDH, donde antes ya había denunciado las agresiones de estos agentes.  

A través de otras personas se enteró que al día siguiente de su retención en la delegación, hombres vestidos de negro llegaron a su vivienda para destruirle las ventanas y mancharle las paredes con una equis, igual que las casas de las otras víctimas.

“Yo soy la ley y no importa si nos demanda”

Francisca había logrado establecer un negocio de tortillas, era el único ingreso que le ayudaba a sustentar a su familia. Entre los pasillos estrechos de la colonia, se escuchaba un rumor que otros habitantes huyeron con sus pertenencias, ya que estos policías estaban amedrentando a las personas; a pesar de esto, ella continuaba con su vida y nunca advirtió que estos llegarían como un golpe sin avisar.

Según su testimonio, fue el 9 de enero de 2017 a las 6:00 de la tarde cuando los vio llegar caminando lentamente hacia su negocio junto con otros tres soldados. A pesar de ser la autoridad responsable de su seguridad, ella comenzó a sentirse incómoda y nerviosa mientras rogaba no ser la próxima víctima.

Meses atrás, Francisca construyó una casa improvisada hecha de pilares de madera y un techo de lámina donde hacía todos los días tortillas, a su negocio acudían personas de todos los pasajes. Ella se sentía feliz al saber que su negocio era muy popular.

-Lléveme a donde vive -le dijo Eugenio con un tono serio.

-No puedo, estoy haciendo las tortillas -le contestó mientras palmeaba la masa y lanzaba a la plancha, pero esto solo provocó la furia del policía.

-¡A la gran puta! Si no se van a perder. Nadie se las va a robar -le  insistió con violencia.

Al escuchar el tono de su voz, Francisca sintió un temor que se apoderó de su cuerpo y ante la desfachatez del policía comenzó a caminar hacia su casa y sin algún tipo de documento que validara su inspección, comenzaron a revisar toda la casa.

Ella lo cuestionó sobre el porqué del procedimiento y él le respondió: “Yo soy la ley y no importa si nos demanda porque no nos van a hacer nada”, consigna el expediente judicial del caso. Luego de varios minutos en la casa los policías fueron hasta el negocio y comenzaron a desmantelarlo, ella solo observó sin poder hacer nada.

Esto no fue un obstáculo para ella ya que al día siguiente se dispuso a montar nuevamente el negocio en la acera de su casa. De pronto, aparecieron Eugenio  y Oscar quienes le dijeron: “¿Por qué no haces caso? Ya no queremos verte en el lugar. Ni vendiendo ni en la colonia”, mientras que con su pie comenzó a botarle los recipientes con las tortillas. Tomó un banco y se lo lanzó en la espalda.

Eugenio con un tono molesto le señaló: “No te queremos ver aquí, tienes doce horas para que te vayas a la mierda”.

“Pero, ¿Dónde me voy a ir? No tengo para donde”, les respondió. No le quedó de otra que buscar un nuevo hogar.

Los buenos promedios

Según el expediente policial incorporado en el proceso, Oscar y Eugenio no fueron malos agentes mientras estuvieron dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primero entró en enero de 2012 y se graduó en 18 de septiembre de 2013 con un promedio de 8.41; al momento de su detención, no tenía ningún tipo de falta en su expediente.

No obstante, Eugenio ya llevaba dos faltas entre leves y graves debido a que no se presentó a trabajar. Ingresó a estudiar para ser policía en marzo de 2006 y se graduó al año siguiente con un promedio de 8.54.

Ahora ellos están resguardados en el centro penitenciario en Metapán, Santa Ana, a la espera de que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolle el juicio en su contra por los delitos de amenazas agravadas y limitación a la libertad de circulación.

Por: El Salvador Times.

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Joven enfrentará proceso judicial tras agredir a su amigo por besar a su expareja en Izalco

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Un joven enfrentará un proceso judicial por el delito de lesiones luego de agredir a un amigo tras molestarse porque este besó a su expareja sentimental.

El hecho ocurrió en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la agresión se produjo después de que uno de los jóvenes besara a la exnovia de su amigo, situación que provocó la reacción violenta del otro involucrado.

Como resultado del incidente, la víctima de la agresión fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Además, se informó que ambos jóvenes ya no mantienen una relación de amistad.

Las autoridades indicaron que el detenido será procesado judicialmente por el delito de lesiones.

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Imponen 50 años de prisión a sujeto por homicidio agravado

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.

El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.

Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.

El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.

De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.

Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.

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FGR habilita primera fase para devolución de dinero a afectados por CREDICASH

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Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.

Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.

De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.

Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».

Del proceso y esquema de defraudación

Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.

«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.

Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.

El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.

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