Judicial
A diez años de prisión es condenado inspector de Centros Penales por acoso sexual
El inspector de la Dirección de Centros Penales Mario Antonio Cañénguez fue condenado la noche de este miércoles a una pena de prisión de 10 años por el delito de Acoso Sexual, en perjuicio de dos subalternas suyas.
El hecho por el cual fue procesado ocurrió en el mes de diciembre de 2016 al interior de la granja de rehabilitación Penal Juvenil, ubicada en el municipio de Ilobasco y en donde Cañénguez fungía como jefe de seguridad.
La fiscal de la Unidad de Delitos en contra del Menor y la Mujer de la Oficina de Ilobasco, Maricela Bran, informó que el imputado acosaba continuamente a las víctimas haciéndoles propuestas indecentes a fin de satisfacer sus instintos sexuales.
“Les decía que por su condición de jefe podía autorizar permisos o licencias si accedían a salir con él con fines sexuales”, manifestó la fiscal Bran.
La vista pública tubo lugar en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de San Salvador, quien valoró y acreditó los elementos probatorios ofertados estableciendo que los mismos reunían los requisitos básicos para dictar una sentencia condenatoria.
Actualmente el imputado funge como inspector de la Dirección de Centros Penales, en las oficinas ubicadas en la zona oriental del país, específicamente en el departamento de Morazán.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
