Judicial
8 años de prisión para sujetos que asaltaron una venta de gas en Santa Ana
El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana realizó vista pública en juicio sumario contra los imputados Óscar Armando Barrientos, de 35 años de edad; y Óscar Oswaldo Martínez Hernández, de 21, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuía el delito de robo agravado.
Durante el juicio, la representación fiscal presentó suficiente prueba documental y testimonial que acreditó tanto la existencia del delito como la participación de los incoados en la comisión del mismo.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 8 de septiembre del año en curso, en la entrada principal del caserío San Luis La Planta, del cantón Nancintepeque, en Santa Ana, cuando agentes policiales procedieron a detener un vehículo, tipo microbús, y ordenó a sus ocupantes que descendieran del mismo para realizarles una requisa personal, pero no les hallaron nada ilícito.
Sin embargo, fueron detenidos ya que la noche anterior los agentes habían recibido una llamada telefónica de la comandancia de guardia del puesto policial San Jacinto, en Santa Ana, en la cual les informaron que unos sujetos habían llegado a bordo de un microbús a una tienda distribuidora de gas a domicilio, en el caserío San Miguelito, en Santa Ana, donde se encontraba clave “Abelardo” y a punta de pistola habían robado.
De acuerdo con el testimonio de clave “Abelardo”, mientras Barrientos prestaba seguridad, el imputado Martínez Hernández le exigió que abriera la puerta y comenzó a revisar los teléfonos de las personas que estaban en el lugar; y cuando la víctima le entregó sus tres teléfonos, el sujeto gritó que se trataba de un asalto y le exigió el dinero de la venta, entregando clave “Abelardo” la cantidad de $70 dólares en efectivo.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
