Judicial
8 años de prisión para sujetos que asaltaron una venta de gas en Santa Ana
El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana realizó vista pública en juicio sumario contra los imputados Óscar Armando Barrientos, de 35 años de edad; y Óscar Oswaldo Martínez Hernández, de 21, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuía el delito de robo agravado.
Durante el juicio, la representación fiscal presentó suficiente prueba documental y testimonial que acreditó tanto la existencia del delito como la participación de los incoados en la comisión del mismo.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 8 de septiembre del año en curso, en la entrada principal del caserío San Luis La Planta, del cantón Nancintepeque, en Santa Ana, cuando agentes policiales procedieron a detener un vehículo, tipo microbús, y ordenó a sus ocupantes que descendieran del mismo para realizarles una requisa personal, pero no les hallaron nada ilícito.
Sin embargo, fueron detenidos ya que la noche anterior los agentes habían recibido una llamada telefónica de la comandancia de guardia del puesto policial San Jacinto, en Santa Ana, en la cual les informaron que unos sujetos habían llegado a bordo de un microbús a una tienda distribuidora de gas a domicilio, en el caserío San Miguelito, en Santa Ana, donde se encontraba clave “Abelardo” y a punta de pistola habían robado.
De acuerdo con el testimonio de clave “Abelardo”, mientras Barrientos prestaba seguridad, el imputado Martínez Hernández le exigió que abriera la puerta y comenzó a revisar los teléfonos de las personas que estaban en el lugar; y cuando la víctima le entregó sus tres teléfonos, el sujeto gritó que se trataba de un asalto y le exigió el dinero de la venta, entregando clave “Abelardo” la cantidad de $70 dólares en efectivo.
Cinco personas han sido condenadas a cumplir penas de 20, 16 y 14 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables judicialmente por haber explotado y abusado sexualmente de una menor en una población del departamento de Chalatenango.
La Unidad Especializada Delitos Tráfico Ilegal y Trata de Personas, informó que los imputados son Mirna Arely Rodríguez Rivera, David Josué Rivera Masón, Timoteo Duarte Escobar, Josué Ernesto Corona Valle y Milton Corona Valle. De acuerdo a la participación que tuvieron en este caso, enfrentaron los delitos de Trata de personas, en la modalidad de Explotación Sexual y Violación en Menor o Incapaz.
Todos comparecieron en vista pública a cargo del Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Los fiscales al exponer su dictamen de acusación durante la audiencia confirmaron que quedó evidenciado que los hechos inician el 7 de julio del año 2019 cuando la víctima, mientras recibía asistencia en el Hospital Rosales reveló al personal médico que había sido víctima de violación por varios sujetos, esto en una determinada zona del departamento de Chalatenango.
Fue así como se conocieron los pormenores del caso y principalmente fue la imputada Rodríguez Rivera, quien, en septiembre del año 2017, entregaba a la víctima hacia los imputados para que sostuvieran relaciones íntimas, a cambio de dinero. Las cantidades que pagaban los abusadores eran de $10 y hasta $20 que eran entregadas a la referida imputada.
Al final, las penas han sido determinadas de la siguiente forma:
David Josué Rivera Masón, fue condenado a 20 años de prisión por Violación en menor o incapaz, en la modalidad del Delito continuado; mientras que Mirna Arely Rodríguez Rivera, cumplirá 16 años de cárcel por Trata de personas Agravada, en modalidad de Explotación sexual.
Para Timoteo Duarte Escobar, Josué Ernesto Corona Valle y Milton Corona Valle, se les impone 14 años de prisión, por Violación en menor o incapaz.
El Tribunal 1°de Sentencia de San Salvador, sentenció en procedimiento abreviado a 3 años de prisión, con el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a René Figueroa, ex ministro de Seguridad y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
Asimismo, los condenó en responsabilidad civil al pago en figura de restitución al Estado por $1,504,991.18 dólares.
El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes, de modo que el tribunal lo autorizó, luego de cumplir los requisitos establecidos por la ley, entre ellos que ambos acusados confesaran haber lavado dinero.
Por lo anterior la Fiscalía y la defensa en conjunto hicieron un valuó de los bienes para cubrir el monto por el que eran acusados. Los bienes con los que cubrirá el monto del pago son tres; de los cuales uno tiene un valor de $ 421,035.86, el otro $302,581.66 y el último de $ 59,500. Asimismo dos cuentas bancarias, una por $220,760.08 y la otra por $ 500,000, haciendo un total de $1, 503,977.59 dólares; con todo esto restaría $ 1,013.59 dólares para completar el monto establecido, del que se hizo responsable entregar en efectivo cuando realice los traspasos de los bienes a favor del Estado Salvadoreño.
También, deberán realizar el pago de una multa de 20 salarios mínimos, establecidos en el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que establece una pena de multa, que corresponde al pago de $7,300 para cada uno, haciendo un total de $ 14,600 dólares.
El exfuncionario no pudo justificar el incremento patrimonial durante los años 2004 al 2009, en el período presidencial de Elías Antonio Saca. El dinero fue movilizado en el sistema financiero utilizando dos sociedades.
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
