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Interponen denuncia penal contra ex fiscal general Douglas Meléndez por fabricar caso contra Enrique Rais

El abogado Andrés Santamaría en representación del empresario Enrique Rais interpuso una denuncia penal en contra del ex fiscal general de la República, Douglas Arquímides Meléndez por los delitos de fraude procesal, actos arbitrarios, omisión de la investigación, la probable utilización ilegal de escuchas telefónicas; así como incumplimiento del deber.
La denuncia fue presentada ante la sede fiscal de la Sultana en la que señaló que la denuncia es en dos sentidos la primera tiene que ver con la elaboración de casos que se sustentaron en la utilización ilegal de escuchas telefónicas, según señaló Santamaría.
“Estamos solicitando a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH que solicite los informes de las auditorias del centro de escuchas telefónicas puesto que en estas se podrá sustentar de que no hay un control en el centro de escuchas”, detalló.
Según el profesional de Leyes, la Fiscalía General de la República (FGR) desnaturalizó la figura del centro de escuchas y utilizando -en algunos casos como el de su representado Rais- información que debió ser destruida en conformidad al artículo 23 de la Ley de intervenciones telefónicas.
La segunda tiene que ver con testigos que manifiestan haber sido coaccionados para poder declarar falsamente o para poder suscribir declaraciones en contra del señor Rais y otras personas.
El proceso llamado Corruptela es procesado en el juzgado 4º de instrucción y el abogado señaló que han solicitado que FGR requiera toda la información respecto a estos testigos.
“Con el paso del tiempo nos han dado la razón, de que este caso fue elaborado y diseñado bajo amenazas y que estos testigos nunca quisieron dar esta información, sino que fueron coaccionados y eso es constitutivo de fraude procesal, habría también omisión de las investigaciones e incumplimiento de deber”, explicó.
Se conoce que el ex fiscal se encuentra en Estados Unidos donde ha solicitado protección de asilo bajo el argumento de “persecución política”.
Recientemente también fue requerido ante la Corte de Cuentas para auditar el proceso de indemnización que ejecutó en su anterior cargo como gerente legal interino de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por la que cobró $34 mil.
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Ella era Mirza Acosta, jovencita que murió en fatal accidente de tránsito en Santa Ana

Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.
La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.
La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.
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Zona Norte tendrá moderna vía y puente atirantado con inversión de $120 millones
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PNC reporta cero homicidios el 8 de julio

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.
Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.