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Homicidios bajan a un 54 % en agosto afirma el director de la PNC, Mauricio Arriaza
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, confirmó la disminución de un 54 % de los homicidios, en los primeros 13 días de agosto.
De acuerdo a las cifras oficiales, entre el jueves 1 y domingo 11 de agosto, la corporación policial registró 49 crímenes, cuando el año pasado en las mismas fechas reportó 103 asesinatos.
“Lo que debemos tener claro es que el delito de homicidio, gracias a Dios, ya anda rondando el 5 por cada cien mil habitantes”, dijo Arriaza, tras una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa.
El director atribuyó la reducción de la violencia a la operatividad de la Policía Nacional Civil en un trabajo conjunto con la Fuerza Armada y el apoyo de la población salvadoreña.
Arriaza dijo que los promedios de homicidios han oscilado entre los 4.5 y los 4.3 durante los primeros días de agosto.
El mes de julio terminó con 155 muertes violentas y el último día no hubo homicidios, mientras que junio terminó con 231 asesinatos, según la mesa tripartita.
El plan Control Territorial es implementado en 22 municipios, incluidas las 14 cabeceras departamentales, y contempla la captura de pandilleros, registro de personas sospechosas, así como el control de las cárceles, desde donde salían las órdenes hacia el exterior para seguir cometiendo delitos.
Sin embargo, para el titular de la PNC la zona oriental actualmente es la más golpeada, por la violencia, “especialmente la zona oriental, estamos hablando de San Miguel, La Unión y Usulután”, agregó.
Dijo que inicialmente hubo un alza y durante los meses de junio y julio se redujo; nuevamente han aumentado, señaló Arriaza.
A juicio del jefe policial, uno de los puntos que han repercutido en la baja de los homicidios es el cerco al flujo financiero de los grupos criminales, específicamente en los centros históricos de las 14 cabeceras departamentales.
El plan Control Territorial empezó a implementarse el 20 de junio de este año en su primera fase y la segunda inició el 2 de julio.
El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a la Fuerza Armada preparar 3,000 soldados para incluirlos en el plan de seguridad; el pasado 29 de julio fueron juramentados los primeros mil soldados, a quienes el mandatario les ordenó “tomarse las cabeceras departamentales” de San Vicente, Chalatenango, Sensuntepeque, en Cabañas; San Francisco Gotera, en Morazán y Zacatecoluca, en La Paz.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
