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Guillermo Gallegos: “Esa sed de venganza demuestra frustración”
El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, criticó a los diputados de las fracciones legislativas de ARENA, FMLN y PDC por la forma en la que se han unido para presionar a la Fiscalía General de la República a que se actúe en contra del director de la Policía, Mauricio Arriaza y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“Esta sed de venganza de ARENA FMLN y PDC demuestra la frustración que tienen y no les importa pasar por encima de la ley y los procedimientos. No pueden obligar al director de la Policía, Mauricio Arriaza, a hacer algo ilegal”, escribió en un tuit Gallegos.
El trinomio de partidos opositores en la Asamblea Legislativa mantiene una campaña para presionar a que el ministro de Hacienda llegue a explicar la deuda que el Gobierno Central ha adquirido durante lo que va de la pandemia, para ello pidió al director de la Policía llevar por apremio al funcionario ante el seno de la comisión especial.
Zelaya ha explicado en reiteradas ocasiones en qué se han utilizado los fondos, por lo que considera que es un tema que ha explicado en repetidas ocasiones y que la insistencia de los diputados es para causar un desgaste político.
Los diputados se fueron en contra, incluso, del director de la Policía en vista a que no autorizó a sus unidades llevar al ministro a declarar ante los diputados.
Arriaza envió una carta a los diputados en la que exponía los motivos por los que no procedería a buscar y llevar al ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Consideró que las razones por las que Zelaya no acudió a las citas son justificadas.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
