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Gobierno mantiene la efectividad policial con la captura de peligrosos criminales en todo el país
La Policía Nacional Civil (PNC) continúa dando golpes a la criminalidad como parte de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para el bienestar de la población salvadoreña.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó el trabajo que desarrolla el personal de la Policía en la lucha contra la criminalidad. La operatividad policial es un elemento determinante en la reducción sostenida de los índices de delitos en el país, principalmente los considerados de alto impacto.
Este martes, la PNC capturó a un hombre perfilado como miembro activo de pandilla luego de atacar a balazos a agentes policiales e intentar escapar. Los agentes policiales le incautaron un fusil con sus respectivos cargadores y munición, así como dos teléfonos celulares.
“Buen trabajo, equipo de Policía. Decomisar este tipo de armas no es cualquier cosa. Es una menos que anda en manos equivocadas y mentes torcidas, que creen que segando la vida de hermanos salvadoreños es como se resuelven las cosas. Sigamos adelante”, manifestó el ministro de Justicia y Seguridad.
Con las acciones del Plan Control Territorial se ha logrado obtener la captura de un promedio de 100 personas a escala nacional acusadas de diferentes delitos, principalmente homicidios, extorsiones, violaciones, entre otros.
La mayoría de esas detenciones se realizan en lo que se conoce como término de flagrancia, es decir dentro de las 24 horas de cometido el delito que se le imputa, esto como resultado de la operatividad policial.
A pesar de los intentos fallidos de los opositores al Gobierno de reducir el mérito a los logros obtenidos con la estrategia de seguridad, estos son innegables. Se han obtenido cifras históricas, nunca antes alcanzadas por gobiernos anteriores.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
