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Gobierno entrega obras de protección en la zona de la quebrada El Molino, en Santa Ana, con las que se beneficia a más de 22,000 automovilistas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele entregó este día las obras de protección en la zona de la quebrada El Molino, en Santa Ana, las cuales fueron ejecutadas con un monto de inversión de $133,965,29.
El 22 de mayo, a causa de las lluvias, hubo un socavón que puso en riesgo la circulación sobre esta carretera, utilizada como vía antigua hacia San Salvador; la pronta y oportuna atención gubernamental deriva hoy en un proyecto que mejoró la condición de vida de las personas que viven cerca del cauce del río y por quienes transitan por el lugar, además de generarles seguridad y tranquilidad.
La labor desarrollada comprende encauzamiento del agua del río, canalización de aguas lluvias y negras para la prevención del minado de un talud que genera socavones, mantenimiento de elementos de señalización, seguridad vial, excavación para estructuras, mampostería de piedra, relleno fluido de resistencia controlada, mampostería de piedra para estructuras varias y demolición de estructuras varias.
Se estima que, a diario, por esta calle circulan cerca de 22,000 vehículos que estaban en riesgo a causa del colapso, pero con las obras ya desarrolladas “cumplimos con el objetivo de proteger a las familias que viven en este sector y a todos los conductores que transitan diariamente por la zona”, expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante la entrega del proyecto a los santanecos.
En la actividad también participó el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alex Beltrán, quien anunció que el próximo miércoles 27 de octubre se recibirán las ofertas para continuar con la labor integral en esta vía.
“Una tubería de 56 pulgadas en la colonia La Libertad será sustituida por una obra definitiva, que será una bóveda de 6 metros por 3 metros de ancho en toda la longitud del tramo”, explicó.
En Santa Ana, además, comunicó el director ejecutivo del FOVIAL, “se inició la atención de vías municipales a través del bacheo de una serie de calles que son de alta circulación”, trabajos que son parte de otra serie de proyectos que serán anunciados en los próximos días.
El compromiso del Gobierno del Presidente Bukele es impactar positivamente en la movilización de los habitantes y automovilistas en Santa Ana; al tiempo que proteger y cuidar de sus vidas.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
