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Gobierno entrega obras de protección en la zona de la quebrada El Molino, en Santa Ana, con las que se beneficia a más de 22,000 automovilistas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele entregó este día las obras de protección en la zona de la quebrada El Molino, en Santa Ana, las cuales fueron ejecutadas con un monto de inversión de $133,965,29.
El 22 de mayo, a causa de las lluvias, hubo un socavón que puso en riesgo la circulación sobre esta carretera, utilizada como vía antigua hacia San Salvador; la pronta y oportuna atención gubernamental deriva hoy en un proyecto que mejoró la condición de vida de las personas que viven cerca del cauce del río y por quienes transitan por el lugar, además de generarles seguridad y tranquilidad.
La labor desarrollada comprende encauzamiento del agua del río, canalización de aguas lluvias y negras para la prevención del minado de un talud que genera socavones, mantenimiento de elementos de señalización, seguridad vial, excavación para estructuras, mampostería de piedra, relleno fluido de resistencia controlada, mampostería de piedra para estructuras varias y demolición de estructuras varias.
Se estima que, a diario, por esta calle circulan cerca de 22,000 vehículos que estaban en riesgo a causa del colapso, pero con las obras ya desarrolladas “cumplimos con el objetivo de proteger a las familias que viven en este sector y a todos los conductores que transitan diariamente por la zona”, expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante la entrega del proyecto a los santanecos.
En la actividad también participó el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alex Beltrán, quien anunció que el próximo miércoles 27 de octubre se recibirán las ofertas para continuar con la labor integral en esta vía.
“Una tubería de 56 pulgadas en la colonia La Libertad será sustituida por una obra definitiva, que será una bóveda de 6 metros por 3 metros de ancho en toda la longitud del tramo”, explicó.
En Santa Ana, además, comunicó el director ejecutivo del FOVIAL, “se inició la atención de vías municipales a través del bacheo de una serie de calles que son de alta circulación”, trabajos que son parte de otra serie de proyectos que serán anunciados en los próximos días.
El compromiso del Gobierno del Presidente Bukele es impactar positivamente en la movilización de los habitantes y automovilistas en Santa Ana; al tiempo que proteger y cuidar de sus vidas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
