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Gobierno despliega controles vehiculares para sacar de circulación a conductores peligrosos
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele coordina esfuerzos a través de las diferentes instituciones para garantizar la seguridad de la población.
Como parte del Plan Verano 2022, que se ha puesto en marcha en estas vacaciones de Semana Santa, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil instalaron la noche del viernes controles vehiculares en el área metropolitana de San Salvador, para aplicar pruebas alcotest a conductores.
El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, verificó la aplicación de estas pruebas, que tienen como fin detectar conductores manejando bajo los efectos del alcohol para ponerlos fuera de circulación, evitando que pongan en peligro su vida o la de otras personas.
“El consumo de alcohol es una de las causas típicas de accidentes de tránsito en esta época, por lo que hemos diseñado con diferentes instituciones un plan para mantener controles antidoping en diferentes puntos de nuestro país”, afirmó el viceministro.
El funcionario detalló que los equipos de la Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de Transporte se desplegaron en puntos estratégicos del país, principalmente en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
En la zona metropolitana de San Salvador, cuatro personas habían sido detenidas al filo de la medianoche luego de que el alcoholímetro marcara niveles superiores a los 100 grados de alcohol en el organismo, evidenciando un estado de ebriedad. Uno de los detenidos registró 455 grados de alcohol, por cual fue detenido por la PNC.
“Eso es excesivamente alto. Le pedimos a la población su colaboración para poder tener unas vacaciones seguras, en las cuales no tengamos hechos que lamentar”, manifestó el viceministro.
La conducción peligrosa es un delito tipificado en el artículo 147-E del Código Penal, que establece que “el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.
Además, la pena será de tres a seis años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo del transporte público de pasajeros o de carga.
El viceministro Castelar también llamó a la población a hacer conciencia sobre las prioridades en las que se debe ocupar la Policía Nacional Civil, en el contexto del combate que desarrolla junto a la Fuerza Armada contra la delincuencia.
“Recargar este esfuerzo que ellos ya hacen con un tema completamente prevenible como lo es el consumo de alcohol o un irrespeto a la ley de tránsito, es algo que debemos evitar. Todos los salvadoreños estamos en la obligación de hacer nuestra parte”, dijo el funcionario en referencia a las atenciones que los cuerpos de seguridad brindan en accidentes viales.
En 2021, durante el despliegue que realizó el Gobierno durante Semana Santa, las autoridades lograron poner fuera de circulación a 74 conductores peligrosos, habiéndose realizado cerca de 900 pruebas.
El Plan Verano 2022 fue lanzado este viernes por el Gobierno del Presidente Bukele, poniendo a disposición más de 57,000 elementos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes se han desplegado por todo el país para garantizar seguridad y tranquilidad a los salvadoreños durante el período vacacional de Semana Santa.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
