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Gobierno del Presidente Bukele, a través de la DOM, construye en Cinquera la séptima clínica municipal a nivel nacional
El personal de campo de la Dirección de Obras Municipales inició en Cinquera, Cabañas, la construcción de la séptima clínica municipal a nivel nacional que demuestra el interés del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por garantizar el bienestar de la población.
A través de esta obra el Gobierno pondrá fin a décadas de abandono de muchas generaciones que no han tenido un servicio digno, atención en horarios nocturnos y recorren hasta 45 minutos para llegar al hospital nacional más cercano en Suchitoto.
La nueva clínica de salud, que beneficiará a más de 2.400 habitantes, comenzó a ser construida en un terreno urbano, destinado por la municipalidad, en la avenida Eduarda Rivas, al costado norte de la alcaldía municipal.
La obra consistirá en la construcción de mampostería de bloque de concreto para las paredes principales, construcción de muro perimetral, colocación de un techo metálico con cubierta de zinc, pisos antideslizantes en áreas de consultorios, áreas de atención y baños.
La moderna clínica, que será construida en un promedio de 120 días, tendrá dos consultorios, área de nebulización, de vacunación, curación, farmacia, bodega, sanitarios y fosa séptica, entre otros.
Esta es la séptima clínica municipal que construye la DOM de las cuales sólo se ha entregado la del cantón San Juan de La Cruz, en Yamabal, Morazán, el pasado 7 de septiembre. Siempre en Morazán, desde el 4 de diciembre pasado se construye la unidad de salud de Sensembra y desde el 5 de febrero la de El Divisadero.
El 22 de enero pasado inició en Tecoluca, San Vicente, la histórica construcción de una moderna clínica para tratamiento de hemodiálisis para atender a cerca de 1.000 habitantes.
Además, desde el 1 de febrero pasado se está construyendo la unidad de salud del cantón El Zapote, Jucuarán, una obra que abarca el emblemático proyecto Surf City Circuito 2 con lo cual ya se está dinamizando la economía y el turismo en la zona costera del oriente del país.
También desde el pasado 19 de febrero avanzan las obras de construcción de la unidad de salud de San José La Fuente, en La Unión, que beneficiará a más de 3 mil habitantes.
A partir de hoy, a nivel departamental, la DOM ha entregado obras o están en desarrollo en 7 de los 9 municipios de Cabañas como el Plan Nacional de Bacheo enIlobasco, San Isidro, Sensuntepeque y Tejutepeque.
A través del programa de mejoramiento vial avanzan las obras en Dolores y San Isidro, mientras que en Jutiapa se realiza un proyecto de introducción de un sistema de agua potable.
El Gobierno del Presidente Bukele no solo ha recuperado la paz y tranquilidad a través del Plan Control Territorial sino también cada día sigue entregando a los salvadoreños obras palpables que demuestran una vez más que el dinero alcanza cuando nadie roba.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
