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FOTOS: Presuntos miembros de estructura criminales son arrestados por los delitos de tráfico de droga y agrupaciones ilícitas
Un distribuidor de drogas identificado como Jorge Alberto Amaya Cruz, de 23 años de edad, fue detenido durante un patrullaje preventivo efectuado por la Sección Táctica Operativa (STO) en las principales colonias del municipio de San Martín.
El procedimiento policial se efectuó cuando Amaya Cruz transportaba tres porciones medianas de marihuana y 88 porciones de crack. Será acusado del delito de tráfico ilícito de drogas.
Luego que se elaboren las respectivas pruebas de campo a la droga, se enviarán las diligencias a la Fiscalía General de la República (FGR) subregional Soyapango, para continuar el proceso judicial.
Además, en el reparto San Martín, fue capturado mediante orden judicial Emerson Eduardo Carpio Cruz de 25 años de edad, por el delito de agrupaciones ilícitas.
Ambos individuos son miembros activos de estructuras terroristas, de acuerdo a la información policial.
En marzo de este año miembros de la Marina de El Salvador detectaron una embarcación varada en altamar. En la intervención identificaron a tres guatemaltecos que afirmaron estar auxiliando a otra embarcación, por lo que se ubicó una segunda lancha.
En ella viajaba otro grupo de guatemaltecos y, presuntamente, se encontraron coordenadas que permitieron localizar una tercera embarcación tripulada por los tres ecuatorianos, quienes habrían intentado deshacerse del cargamento arrojándolo al mar.
Sin embargo, el material fue recuperado en su totalidad. Se incautaron 1,301 paquetes que dieron positivo a cocaína, valorados en $32,707,140.00.
Por estos hechos, nueve sujetos fueron capturados y el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a la etapa de sentencia el proceso penal contra ellos acusados del delito de tráfico ilícito.
Los procesados son los ecuatorianos Miguel Antonio Rodríguez Párraga, Eleuterio Mario Pincay Figueroa y Richard Daniel Mero Mero; y los guatemaltecos Gandhi Otoniel Ágreda Pérez, Carlos Enrique Solares Ma, Jefferson Iván González Berríos, Esvin Rodolfo Pineda Mejía, Óscar Edgardo García Hernández y Eswin Eduardo González Berríos, a quien además se le atribuye el delito de posesión y tenencia.
Tras escuchar los alegatos y valorar la oferta probatoria, el juzgado admitió la acusación, ordenó la apertura a juicio y, ratificó la medida cautelar de detención provisional para los nueve imputados.
La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con el Ministerio de Hacienda anunciaron la destrucción de un lote de cigarrillos decomisados a diversas estructuras dedicadas al contrabando.
De acuerdo con las autoridades, el cargamento está compuesto por 6,562,570 unidades (9.7 toneladas), con un valor estimado de 2 millones de dólares en impuestos dejados de percibir, almacenaje y multas.
Se trata de la segunda destrucción del año de un lote de cigarrillos decomisados, los cuales ingresaron de manera ilegal al país afectando las finanzas públicas.
Además, el lote corresponde a 23 marcas de cigarrillos procedentes del continente asiático, como Modern, Marvel, Royal, This Blue, Royal Menthol, entre otros, los cuales fueron decomisados en diversos operativos en carreteras y puntos ciegos.
El producto será trasladado a las instalaciones de la planta Geocycle, ubicada en Metapán, Santa Ana, donde serán procesados para su destrucción sin producir efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de la población, afirmaron las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), verificaron la destrucción de droga decomisada por las autoridades, en la zona oriental del país, en diferentes operativos.
Luego de realizar el pesaje y prueba de campo se determinó que son: 12,468.16 gramos de marihuana 197.57 gramos de cocaína.
De acuerdo con las autoridades, el valor comercial de la droga asciende a $42,551.74 dólares en el mercado ilícito.
Este procedimiento de destrucción se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
