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FOTOS | Emilio Corea y Juan Pablo Álvarez en medio de incremento de casos de Covid-19 presentan candidatos a diputados en Soyapango
Emilio Corea, quien busca su reelección a diputado por San Salvador por el partido ARENA, y su amigo, el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, celebraron un convivio con las bases de ese partido tricolor sin importar que la gente no estuviera con distanciamiento social y que algunos de los presentes no usaran mascarilla.
Corea quien es presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa y odontólogo de profesión, estuvo rodeado por las también aspirantes a un curul Martha Evelyn Batres, Claudia de Ávila y Celina de Ávila, entre otros candidatos.
Por medio de su cuenta de Twitter, Emilio Corea escribió: “A seis días de iniciar campaña rumbo al 28-F, esta tarde participamos en un convivio con nuestros hermanos de ARENA. Vamos a mantener esta alcaldía con Juan Pablo Álvarez”.
En el tuit, el legislador acompañó el mensaje con cuatro fotografías donde se mostraba la cantidad de personas sin distanciamiento social, algunas de ellas sin mascarillas y en los momentos que el Ministerio de Salud recomienda a la población no asistir a centros comerciales, mercados y otros lugares de mucha concurrencia por el incremento de casos de Covid-19 y porque El Salvador estaría a las puertas de una segunda ola de esta mortal enfermedad.
No es la primera vez que un alcalde de Arena ignora el llamado de las autoridades de Salud luego que recientemente el alcalde del Puerto de La Libertad, Miguel Jiménez, organizó un carnaval en el centro de esa ciudad, al que asistieron cientos de jóvenes.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha reiterado el llamado a los alcaldes del país a fin de evitar concentraciones para no exponer a los salvadoreños ante un incremento de casos en los últimos días que, se encaminarían a una segunda ola de contagios.
«Estamos a las puertas de lo que sucedió en lo más crítico de la pandemia”, señaló Alabi por lo que reiteró a la población el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
La crisis mundial se agudizó este fin de semana por un aumento de casos y la mutación de una nueva cepa de Covid-19 que es de fácil transmisión, lo que obligó a muchas naciones a cerrar las puertas a personas que han estado en el Reino Unido y Sudáfrica. Esto también obligó al presidente Nayib Bukele a adoptar la misma medida a partir del mediodía de este domingo.
Por medio de Twitter, el mandatario escribió el siguiente mensaje: “A partir de ahora (domingo), queda prohibido el ingreso a nuestro país, de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica o que haya estado en alguno de esos dos países en los últimos 30 días”. Bukele también recomendó “a los salvadoreños que se encuentran en Europa y que quieran regresar a El Salvador en las próximas semanas, acelerar al máximo sus itinerarios de viaje, antes de que surjan nuevas restricciones tengan que ser impuestas por la nueva cepa de coronavirus”.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
