Nacionales
FOTOS | Emilio Corea y Juan Pablo Álvarez en medio de incremento de casos de Covid-19 presentan candidatos a diputados en Soyapango
Emilio Corea, quien busca su reelección a diputado por San Salvador por el partido ARENA, y su amigo, el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, celebraron un convivio con las bases de ese partido tricolor sin importar que la gente no estuviera con distanciamiento social y que algunos de los presentes no usaran mascarilla.
Corea quien es presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa y odontólogo de profesión, estuvo rodeado por las también aspirantes a un curul Martha Evelyn Batres, Claudia de Ávila y Celina de Ávila, entre otros candidatos.
Por medio de su cuenta de Twitter, Emilio Corea escribió: “A seis días de iniciar campaña rumbo al 28-F, esta tarde participamos en un convivio con nuestros hermanos de ARENA. Vamos a mantener esta alcaldía con Juan Pablo Álvarez”.
En el tuit, el legislador acompañó el mensaje con cuatro fotografías donde se mostraba la cantidad de personas sin distanciamiento social, algunas de ellas sin mascarillas y en los momentos que el Ministerio de Salud recomienda a la población no asistir a centros comerciales, mercados y otros lugares de mucha concurrencia por el incremento de casos de Covid-19 y porque El Salvador estaría a las puertas de una segunda ola de esta mortal enfermedad.
No es la primera vez que un alcalde de Arena ignora el llamado de las autoridades de Salud luego que recientemente el alcalde del Puerto de La Libertad, Miguel Jiménez, organizó un carnaval en el centro de esa ciudad, al que asistieron cientos de jóvenes.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha reiterado el llamado a los alcaldes del país a fin de evitar concentraciones para no exponer a los salvadoreños ante un incremento de casos en los últimos días que, se encaminarían a una segunda ola de contagios.
«Estamos a las puertas de lo que sucedió en lo más crítico de la pandemia”, señaló Alabi por lo que reiteró a la población el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
La crisis mundial se agudizó este fin de semana por un aumento de casos y la mutación de una nueva cepa de Covid-19 que es de fácil transmisión, lo que obligó a muchas naciones a cerrar las puertas a personas que han estado en el Reino Unido y Sudáfrica. Esto también obligó al presidente Nayib Bukele a adoptar la misma medida a partir del mediodía de este domingo.
Por medio de Twitter, el mandatario escribió el siguiente mensaje: “A partir de ahora (domingo), queda prohibido el ingreso a nuestro país, de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica o que haya estado en alguno de esos dos países en los últimos 30 días”. Bukele también recomendó “a los salvadoreños que se encuentran en Europa y que quieran regresar a El Salvador en las próximas semanas, acelerar al máximo sus itinerarios de viaje, antes de que surjan nuevas restricciones tengan que ser impuestas por la nueva cepa de coronavirus”.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
