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El Salvador registra un nuevo día sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el 12 de marzo finalizó con cero homicidios en todo el territorio salvadoreño.
«Finalizamos el martes 12 de marzo, con 0 homicidios en el país», reiteró la policía desde sus redes sociales.
Finalizamos el martes 12 de marzo, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/93mNrwqT7o
— PNC El Salvador (@PNCSV) March 13, 2024
Los días sin asesinatos reportados en marzo son: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12. Las ocho jornadas con cero homicidios de este mes se unen a las 24 logradas tanto en enero como en febrero para totalizar 57 días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del año.
De acuerdo con datos que dio a conocer el presidente electo, Nayib Bukele, el país se destaca nuevamente por resultados históricos en seguridad que lo siguen posicionando como la nación más segura del hemisferio occidental.
La PNC ha detallado que tras casi cinco años de la gestión del mandatario, se han reportado 574 días en los que no se han registrado homicidios en el país, gracias al Plan Control Territorial (PCT), puesto en marcha el 20 de junio de 2019, y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Dichas estrategias de seguridad, en su primera fase, mostró buenos resultados al bajar el promedio de homicidios a diarios. El año pasado fue de 0.4 cada día.
El 2023 cerró como el año más seguro en la historia salvadoreña, luego de terminar con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra muy distante con la que finalizó en 2015 cuando fue de 106.82 por cada 100,000 habitantes.
Cabe mencionar que El Salvador es uno de los países que ha destacado por su notoria transformación respecto a la seguridad brindada a la población con las estrategias implementadas por el Gobierno actual, como es el régimen de excepción que llegó a potenciar las acciones del Plan Control Territorial. La estrategia consta de fases: La Fase 1 se denominada Preparación, en la que se garantizó el control de los territorios y la represión contra los criminales en las cárceles; la Fase 2 «Oportunidades», se creó para generar mejores condiciones para los jóvenes y prevenir la violencia con proyectos como los CUBO, mientras que en la Fase 3, denominada Modernización se entregó nuevo equipo de última generación a la PNC y la Fuerza Armada.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
