Nacionales
El Salvador logra un nuevo día sin homicidios en enero 2025
El pasado jueves 23 de enero finalizó con un registro de cero homicidios a escala nacional, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicadas esta madrugada.
Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia significa el sexto día sin homicidios de manera consecutiva que se contabiliza en enero. Por otra parte, solamente el primer día del año y el día 17 se registraron muertes a causa de la violencia.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019 puso en marcha la estrategia de seguridad Plan Control Territorial, mediante la cual se han alcanzado 816 días sin homicidios con el cierre de la jornada del pasado miércoles.
Tras cerrar 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, El Salvador se encamina a establecer un récord de fechas sin muertes violentas como resultado de esta estrategia, y la puesta en marcha del régimen de excepción, a finales de marzo de 2022, periodo en el cual se han alcanzado 705 días sin homicidios.
Recientemente, el presidente Bukele indicó que, al finalizar con una tasa de 1.9 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, El Salvador se consolidó como el país más seguro del hemisferio occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos íntimos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
