Entre enero y el 5 de diciembre de 2025, siete estructuras criminales transnacionales, en su intento por arraigarse en El Salvador, fueron desarticuladas tras investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) dirigió junto con la Policía Nacional Civil (PNC), que como ente auxiliar efectuó las detenciones para que tribunales de crimen organizado dejaran en prisión a sus integrantes.

Venezolanos, colombianos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, panameños y nicaragüenses ingresaron al país vía terrestre y aérea, pero con el paso del tiempo quedaron en situación migratoria irregular; otros accedieron a través de fronteras no habilitadas, conocidas como puntos ciegos.

Los delitos que más han cometido estos grupos criminales son estafa agravada, hurto por medios informáticos, robo y hurto; en algunos casos consumaron lavado de dinero, falsificaciones, tráfico de drogas y amenazas.

En el más reciente caso, por el cual se emitieron 30 órdenes de captura, varios salvadoreños formaban parte de una estructura transnacional que ofrecía de forma ilícita visas de trabajo para Estados Unidos. Los delincuentes son señalados de estafar a 700 víctimas, 44 casos en El Salvador, por $2.5 millones. La red delinquía en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador.

En las indagaciones de las autoridades salvadoreñas se estableció que forman parte de la denominada Delincuencia Transnacional Organizada (DOT) y tienen todas las características de crimen a esa magnitud, pero son grupos relativamente nuevos con menos de cinco años de existencia.

En el país representaban una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad económica de los salvadoreños, ya que con su accionar delictivo afectaron el patrimonio de decenas de víctimas.

Estas redes criminales estaban organizadas desde sus cabecillas hasta el nivel jerárquico más bajo; cada uno de sus miembros tenía una función específica para delinquir.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una de las operaciones que llevó a desbaratar una estructura, les mandó un mensaje de cero impunidad: «Ustedes y sus cabecillas deben entender que no vendrán a cometer delitos impunemente a nuestro país. Contamos con todas las herramientas necesarias para detectar cualquier ilícito y llevar ante la justicia a cualquier persona u organización criminal para que pague por los delitos cometidos en nuestro territorio», dijo.

La estructura más antigua que había estado delinquiendo en el país fue desarticulada el pasado 31 de octubre, cuando más de 44 nicaragüenses, hondureños y salvadoreños fueron capturados. Según las pesquisas, habían estado operando entre enero de 2021 y el 31 de octubre de 2025; cada uno tenía distintos roles para cometer los robos y hurtos en las unidades del transporte.

Unos se encargaban de distraer a las víctimas, mientras otros registraban las carteras y mochilas de las personas a las que hurtaban. También había motoristas que trasladaban a los integrantes de la banda luego de consumar los hechos.

Otra organización desmantelada en dos fases fue una que, según la Fiscalía, involucra a 549 personas con presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México.

Se dedicaban a estafar a través de redes sociales y plataformas digitales. Mediante la denominada investigación Escudo Virtual, las autoridades verificaron que consumaron 4,728 casos en los cuales utilizaron cuentas personales para hacer transacciones de dinero hacia varios países.

A principios del año fue desbaratada una banda de cuatro venezolanos y un ecuatoriano, quienes crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de vehículos. Hicieron creer a las víctimas que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los autos que elegían.

Otra estructura desarticulada es una red de cibercrimen que intentó hackear cajeros automáticos. Son tres venezolanos y un mexicano quienes serán procesados acusados de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y daños.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, indicó que la institución que fueron detectados 27 casos de ofertas engañosas durante el llamado Black Friday.

“Tenemos indicios de promociones u ofertas, donde se ofrece un aparente beneficio económico y resultó ser que hubo un cambio de precio para justificar un atractivo porcentaje de descuento”, explicó Salazar durante un espacio de entrevistas.

Agregó que este tipo de situaciones son sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, por ser consideradas prácticas abusivas.

Por otra parte, el presidente de la defensoría detalló que se detectaron 49 incumplimientos en restaurantes, 30 en almacenes de ropa, calzado y accesorio fuero. mientras que los almacenes de muebles y electrodomésticos tuvieron cerca de 8 incumplimientos.

Ricardo Salazar ratificó que ante cualquier caso de practicas abusivas por parte de este tipo de establecimientos, la población puede contactarse al centro de llamadas 910 y el WhatsApp 7844-1482.

Con pruebas de alcotest positivas fueron detenidos dos sujetos en diferentes zonas del país. Se trata de: Kevin Alexander Recinos Cuéllar, con 164° de alcohol, quien chocó su vehículo contra una cuneta, sobre el kilómetro 52 de la carretera Longitudinal del Norte, Tejutla, Chalatenango.

También fue detenido Luis Mario Valdivieso González, con 96° de alcohol, conducía su vehículo y fue intervenido por la Fuerza Armada en el cantón La Piedrona, San Antonio Pajonal, Santa Ana Oeste. Además, portaba un arma con su respectiva licencia y cargador, la cual fue incautada.

Ambos serán remitidos por conducción peligrosas, mientras que a Valdivieso González se le sumará el delito de portación irresponsable de arma de fuego.