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El incremento ilegal del pasaje en el transporte colectivo ha sido disminuido un 92 % en El Salvador
De acuerdo con datos brindados por el director de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT), Ismael Flores, el incremento indebido a la tarifa en el transporte colectivo se ha reducido en un 92 % en comparación con el año pasado. Añadió que han identificado que se están respetando los planes generales operativos y hay una reducción de algunas faltas que eran impuestas por no respetar las paradas del transporte colectivo y por incumplir los recorridos.
«El alza a la tarifa ha salido del top 10. Este esfuerzo ha tenido un impacto positivo en el transporte colectivo; hemos reducido en un 92% la recurrencia del alza en la tarifa del pasaje. […] En lo que va del año hemos reducido el comportamiento abusivo en el sector transporte colectivo», dijo.
De acuerdo con Flores, la falta más recurrente en este tipo de controles a buses es conducir con neumáticos en mal estado y no portar la llanta de repuesto y los dispositivos de seguridad. El funcionario hizo un llamado a los empresarios a que mantengan sus unidades en buen estado.
Hasta este momento, para el parque vehicular del país se registran más de 143,000 multas en lo que va del año. De estas, más de 10,500 corresponden al transporte colectivo. Flores detalló que han desplegado más de 200 gestores de tráfico a escala nacional para la fiscalización del espacio vial.
Esta mañana verificaron un control establecido para el transporte colectivo en la terminal del sur en San Marcos. Hasta las 6 de la mañana, 10 unidades ya habían sido sancionadas. Los inspectores del VMT solicitaron retirar la luz led de la ruta 132, placas AB76915; mientras que el conductor de la ruta 134 fue infraccionado por no portar los dispositivos de seguridad.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
