Nacionales
Denuncian que Fiscalía está buscando un juez que avale pruebas ilícitas en el caso del ex Fiscal General, Luis Martínez
El abogado Hernán Cortez, en calidad de defensor particular del acusado Héctor Francisco Grimaldi reaccionó a la última suspensión realizada el día jueves 19 de noviembre del presente año, fecha en la que estaba señalado el reinicio del juicio seguido contra su cliente, así como también contra el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director de Intereses del Estado de la FGR Julio Arriaza.
Según el defensor, lo que está ocurriendo en el caso, es que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos de su acusación, ya que la misma está basada en escuchas que son ilegales, ya que, se ha podido comprobar que las mismas fueron ilegalmente autorizadas.
Por esto, asegura que “La Fiscalía ahora intenta una nueva acción contraria al debido proceso cuando se encuentra ya en la etapa de la celebración de la Vista Pública y lo que corresponde es que se inmedie la prueba, lo cual permitiría que se pueda valorar y confrontar su credibilidad».
Sin embargo, según el citado abogado, la Fiscalía no está ejerciendo debidamente la función que le corresponde, que es que se alcance un resultado justo con un debido proceso, más bien se ha convertido en un “acusador a ultranza” que intenta valerse de cualquier vacío legal, tecnicismo o peor aún saltándose procedimientos y “alterando o falseando la realidad con pruebas ilegales”.
Además, la defensa manifestó que teme que se realicen actos como los realizados por Directores y Jefes Fiscales, cuando Douglas Meléndez aún ejercía el cargo de Fiscal de la República.
Asimismo, se refirió al caso del testigo clave TROYA, quien la fiscalía no ha reconocido como un testigo criteriado ni se han demostrado las contradicciones en que incurre el éste.
“Es triste ver que la fiscalía no está por llegar a la verdad de los hechos, sino por ocultar que el Ex Fiscal Douglas Meléndez» aseguró.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
