Nacionales
Decretan estado de emergencia en todos los centros penales y ordenan a las empresas telefónicas a cumplir el bloqueo de señal en un plazo máximo de 72 horas
El gabinete de seguridad declaró estado de emergencia en los 28 centros penales de el país donde se establecerán algunas medidas como la prohibición de visitas, la prohibición del uso de cabinas telefónicas y garantizar el bloqueo total de telefonía y servicio de internet.
Esta es la primera vez que se decreta estado de emergencia en todos los centros penitenciarios, anteriormente se decretó en algunos que eran considerados de mayor peligrosidad.
De acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, existe un informe que revela que en muchos centros penales «hay señal» y que es una de las formas por las que se comunican los reos.
Es por ello que han solicitado a las empresas operadoras de telefonía e internet a que bloqueen la señal completa y de forma permanente en todos los centros penales en un periodo máximo de 72 horas.
El funcionario indicó que en la reunión que sostuvo con las empresas estas indicaron que el gobierno anterior «no brindaba seguridad a los técnicos adentro de los centros penales para que ellos realizaran las mediciones directas».
Por otra parte indicaron la prohibición del uso de las cabinas telefónicas debido a que descubrieron que los reos tenían permiso para hablar por teléfono hasta con 10 números, que según el director de Centros Penales, Osiris Luna «no solo incluían a su defensa técnica sino también familiares y amigos».
Según el funcionario, algunos privados de libertad se declaraban como ex pandilleros y conseguían que los trasladaran a otros penales donde no estaba el régimen de seguridad y desde ahí ordenaban los delitos.
«Al inicio cada reo tenía asignado $50 dólares de cuota para hacer llamadas mensualmente y a un mes de finalizar la administración pasada lo subió a $100», señaló el funcionario.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
