El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre el 8 y el 10 de junio se prevé un incremento en la altura y rapidez del oleaje frente a la costa salvadoreña, debido a condiciones generadas por tormentas extratropicales frente a la Antártida.

Según el informe emitido por la institución, este fenómeno, conocido como mar de fondo, provocará olas más rápidas y altas de lo habitual en el litoral del país. Mientras que los valores típicos del oleaje frente a la costa salvadoreña son de 35 kilómetros por hora de rapidez y 1.5 metros de altura, durante este período se esperan condiciones superiores.

De acuerdo con el pronóstico, el 8 de junio las olas podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y alturas de 2.6 metros. Para el 9 de junio se prevé una rapidez de hasta 55 kilómetros por hora y una altura similar de 2.6 metros. El 10 de junio, en tanto, se esperan olas de hasta 50 kilómetros por hora y 2.3 metros de altura.

El MARN señaló que estas condiciones podrían generar corrientes de retorno más fuertes, olas rompiendo con mayor intensidad y un aumento del movimiento del mar cerca de la costa.

Ante este escenario, la institución recomendó a los visitantes de las playas seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, evitar ingresar al mar en zonas sin vigilancia y mantenerse atentos al comportamiento del oleaje. Asimismo, pidió a pescadores y navegantes tomar precauciones durante el desarrollo de sus actividades.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador un informe en el que señala que la Mara Salvatrucha involucró a 1,200 niños menores de 12 años y a 638 mujeres en actividades ilícitas entre 2012 y 2022.

Según la investigación fiscal, la estructura criminal, cuyos 486 cabecillas enfrentan juicio por 47,427 delitos, habría utilizado a menores de edad y mujeres para ejecutar diversas operaciones delictivas durante ese período.

De acuerdo con la FGR, los niños eran utilizados para transportar armas y droga dentro de los territorios controlados por la pandilla. Asimismo, eran enviados a cobrar dinero proveniente de extorsiones dirigidas a transportistas, comerciantes, empresarios, distribuidores de mercadería y propietarios de pequeños negocios.

La Fiscalía sostiene que la organización se aprovechaba de que los menores eran inimputables bajo la legislación vigente antes de las reformas a la Ley Penal Juvenil aprobadas el 29 de marzo de 2022. Bajo esa normativa, los niños no podían ser procesados penalmente ni enviados a prisión.

En cuanto a las 638 mujeres identificadas en el caso, la institución afirmó que fueron víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Según las pesquisas, eran obligadas a prostituirse para generar ingresos destinados a la estructura criminal.

La acusación fiscal señala que estas acciones fueron ordenadas por cabecillas de la organización, entre ellos ranfleros históricos, ranfleros de penales, ranfleros de la calle, corredores de programa y jefes de clica que operaban en distintos municipios del país.

Un total de 4,058 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados vehículos de carga pesada fueron registrados a escala nacional entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de mayo de 2026, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).

Las estadísticas indican que durante 2024 se contabilizaron 1,640 siniestros viales relacionados con este tipo de transporte, los cuales dejaron 529 personas lesionadas y 72 fallecidas. En 2025, la cifra aumentó a 1,759 percances, con un saldo de 552 heridos y 70 víctimas mortales.

Por su parte, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2026, las autoridades reportaron 659 accidentes de vehículos de carga pesada, que provocaron 237 lesionados y 30 fallecidos.

Según Onasevi, entre las principales causas de la siniestralidad vial figuran la distracción del conductor, la invasión de carril, el incumplimiento de las señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria y el exceso de velocidad.

Recientemente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que el uso del teléfono celular mientras se conduce representa uno de los principales riesgos para la seguridad vial y afirmó que las autoridades atienden las denuncias relacionadas con esta práctica para generar conciencia entre los conductores.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 14 de mayo, cuando cámaras de videovigilancia captaron a un conductor de tráiler que no respetó la luz roja de un semáforo en el redondel de la Plaza Divino Salvador del Mundo, provocando un siniestro vial que afectó a un vehículo liviano tras ser impactado por las llantas del remolque.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron al conductor en el lugar. Asimismo, personal de la Dirección General de Transporte de Carga notificó al propietario del vehículo articulado sobre su responsabilidad por los daños ocasionados al automóvil y a la estructura del semáforo. Además, fueron impuestas sanciones por un monto total de $1,300.