Judicial
Cinco policías y cuatro soldados son condenados a 6 años de prisión acusados de torturas
Cinco elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) fueron condenados a seis años de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de tortura, privación de libertad y amenazas en contra de una mujer.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Según narró la mujer, ese 22 de enero estaba en una parada de bus junto con otra persona y el grupo de policías y soldados le cuestionaron qué estaba haciendo en el lugar, la subieron a un vehículo para llevarla a un terreno sobre la calle El Perical, que conduce al cantón Aguacayo.
La víctima dijo que la interrogaron y le exigían que les entregara armas y droga, de no hacerlo la iban a matar. Luego la bajaron del vehículo y la obligaron a bajarse los pantalones y la ropa interior, acto seguido le colocaron un fusil en la frente.
Uno los nueve elementos la tocó a través de la blusa y sostén, mientras otro le puso una navaja a la altura del cuello. “Azucena” suplicó que no la mataran y otro más sacó su arma y se la colocó en la sien.
Luego de subirla de nuevo al vehículo, uno le dio una nalgada, otro le agarró la boca con la intención de besarla y en resto del camino la fueron tocando de sus piernas encima del pantalón. Luego fue liberada y advertida de que si denunciaba “ya sabía lo que le iba a pasar”.
Los elementos de la PNC fueron identificados como Néstor Edgardo Reynosa Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Alvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras que los de la FAES: el cabo José Joaquín Rivas Morales y los soldados Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes.
Por los hechos, los cinco policías y cuatro soldados fueron condenados a seis años de prisión y fueron obligados a pagar $1,000 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
