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Capturan a tres “coyotes” que entregaban a sus víctimas a cárteles de México para extorsionar a familiares
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la madrugada de este viernes desarrollaron un amplio operativo en varios puntos del país para desmantelar a grupos criminales que extorsionan, limitan la libre circulación, roban a transeúntes, trafican con personas y por homicidios, entre otros delitos.
La PNC destaca que se habrían girado unas 150 órdenes de captura y 32 intimaciones, logrando el objetivo de ubicar y detener a tres sujetos que se dedican al tráfico ilegal de personas que tienen fuertes vínculos con grupos de narcotráfico que operan en México y que se encargan de llevar a las personas hasta los Estados Unidos.
Los traficantes de personas fueron identificados como José Francisco Salmerón, Walter Daniel López Rivera y Wendy Salmerón. Ellos son acusados por el delito de tráfico Ilegal de personas en perjuicio de 8 víctimas, de ellas 5 menores.
Se dijo que estos sujetos entregaban a las víctimas a un cártel del México, quienes los retenían en una bodega para exigirles más dinero a cambio de respetarles la vida. Cada uno de ellos pagó entre los 6 y los 8 mil dólares.
Las autoridades ubican a José Francisco Salmerón como un sujeto de alta peligrosidad y que además extorsionó a sus víctimas antes de entregarlas a los traficantes mexicanos.
Tras el operativo la PNC manifestó que se habrían capturado a unos 150 individuos y con lo cual se estarían esclareciendo unos 167 hechos delictivos, entre ellos 18 casos de homicidio, 11 proposiciones y conspiración del delito de homicidio, entre otros.
La PNC separa a Juan Antonio Carbajal y Francisco Belloso Ramírez, por ser palabreros de la Mara Salvatrucha y señalados de múltiples delitos como homicidio y extorsión.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
