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Capturan a tres “coyotes” que entregaban a sus víctimas a cárteles de México para extorsionar a familiares
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la madrugada de este viernes desarrollaron un amplio operativo en varios puntos del país para desmantelar a grupos criminales que extorsionan, limitan la libre circulación, roban a transeúntes, trafican con personas y por homicidios, entre otros delitos.
La PNC destaca que se habrían girado unas 150 órdenes de captura y 32 intimaciones, logrando el objetivo de ubicar y detener a tres sujetos que se dedican al tráfico ilegal de personas que tienen fuertes vínculos con grupos de narcotráfico que operan en México y que se encargan de llevar a las personas hasta los Estados Unidos.
Los traficantes de personas fueron identificados como José Francisco Salmerón, Walter Daniel López Rivera y Wendy Salmerón. Ellos son acusados por el delito de tráfico Ilegal de personas en perjuicio de 8 víctimas, de ellas 5 menores.
Se dijo que estos sujetos entregaban a las víctimas a un cártel del México, quienes los retenían en una bodega para exigirles más dinero a cambio de respetarles la vida. Cada uno de ellos pagó entre los 6 y los 8 mil dólares.
Las autoridades ubican a José Francisco Salmerón como un sujeto de alta peligrosidad y que además extorsionó a sus víctimas antes de entregarlas a los traficantes mexicanos.
Tras el operativo la PNC manifestó que se habrían capturado a unos 150 individuos y con lo cual se estarían esclareciendo unos 167 hechos delictivos, entre ellos 18 casos de homicidio, 11 proposiciones y conspiración del delito de homicidio, entre otros.
La PNC separa a Juan Antonio Carbajal y Francisco Belloso Ramírez, por ser palabreros de la Mara Salvatrucha y señalados de múltiples delitos como homicidio y extorsión.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
