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Bukele destituye a Jorge Aguilar como presidente de FONAES por supuesta implicación en actos de corrupción
Por un posible caso de corrupción en la venta de caretas al Ministerio de Salud (MINSAL), para prevenir contagios de COVID-19, el Presidente de la República Nayib Bukele Ortez, destituyó al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, tras ser señalado que su empresa vendió ese insumo al gobierno.
El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de Twitter y en el mensaje escribió: “En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar como presidente del FONAES”
Al mismo tiempo el mandatario aseguró que solicitará dos auditorías especiales, una en la Corte de Cuentas y otra de la CICIES.
“Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía General de la república (FGR), para que sean procesados los responsables”, expresó Bukele Ortez.
Aguilar, fue elegido presidente del FONAES desde 2019 y a través de una de sus empresas proveyó de protectores para el COVID-19 al gobierno. El FONAES depende del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por su parte el ministro de Salud, Francisco Alabi, mencionó el pasodo miércoles en una conferencia de prensa que se iba a investigar la compra por $250,000 en máscaras protectoras a una empresa de la familia de Aguilar.
“En el caso de la adjudicación de las caretas, se ha solicitado un estudio y recopilación de datos sobre este caso”, dijo al ser cuestionado al respecto Alabí. Sin embargo, la firma del ministro está en el espacio destinado al “contratante” en la orden de compra número 144/2020.
La red de periodismo “Salud con lupa”, reveló documentación según la cual la empresa INSEMA, que vendió las máscaras protectoras al MINSAL, es propiedad de la familia de Aguilar, quien antes de convertirse en funcionario había sido conocido como empresario del sector reciclaje, primero con la empresa INVEMA y luego con INSEMA.
La orden de compra, disponible en el sitio COMPRASAL, tienen fecha 15 de abril y detalla que el precio unitario de cada máscara es de $2.50. El mismo precio por el que puede ser adquirida una máscara en una tienda de insumos médicos.
Posible acto de corrupción de Jorge «Koky» Aguilar
La compra hecha por el MINSAL es que ha pasado por algo la prohibición establecidas en los artículos 25 y 26 de la LACAP, que según dichos artículos, ningún funcionario ni sus familiares deben presentar ofertas a las instituciones públicas.
“Todas las disposiciones de la LACAP deberán observarse, excepto las contenidas en este decreto”, establece la reforma que la Asamblea Legislativa hizo al decreto 593, por lo que en ningún artículo del decreto se habla de permitir que los funcionarios o sus familiares vendan bienes o servicios al gobierno.
“Eso está bien grave porque claramente es un acto de corrupción”, afirmó el abogado.
La compra de $250,000, según la orden de compra, debía ser entregada en la bodega del MINSAL ubicada en el número 827 de la calle Arce, en San Salvador, de forma inmediata.El que el hecho de que exista una emergencia, no les justifica para saltarse las restricciones que la LACAP ha planteado.
El abogado indicó que por esta cifra tendrían que haber hecho una licitación pública y un contrato. Al mismo tiempo añadió que el hecho de que exista una emergencia, no les justifica para saltarse las restricciones que la LACAP ha planteado.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
