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Autoridades utilizan drones en busca de pandillas
La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) usan todos los recursos tecnológicos para dar con el paradero de pandilleros que pretenden ocultarse en colonias del municipio de Soyapango, donde se mantiene vigente un cerco de seguridad en el reparto La Campanera y zonas aledañas.
Para dar mayor cobertura a su operatividad, los soldados que colaboran con la Policía en labores de seguridad se apoyan con drones que cuentan con tecnología de última generación para detectar movimientos de los criminales por medio de un sistema infrarrojo.
Estos equipos tienen la capacidad de elevarse a más de 500 metros y cubrir varios kilómetros cuadrados sin ser detectados por los delincuentes; además, al ser operados manualmente, les facilita a las autoridades obtener imágenes de zonas montañosas de difícil acceso.
Cada detalle que registra la cámara del dispositivo es visible al operador en tierra. Asimismo, al ser una herramienta voladora, no tripulada les permite a las fuerzas del orden tener mayor precisión en los objetivos remanentes de las maras que se desean intervenir en las cerca de 300 colonias de Soyapango.
«Nuestra unidad de vehículos aéreos no tripulados monitorea la zona con el objetivo de ubicar remanentes de estructuras criminales», dio a conocer la institución castrense. El último reporte de las autoridades indica que más de 1,100 mareros han sido arrestados en diferentes colonias de Soyapango.
En agosto de 2021, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, clausuró el curso de manejo de drones que fue impartido a policías que participan en la guerra contra las pandillas. Con estas acciones, El Salvador se convirtió en el primer país de la región en tener tecnología de punta para frenar a las maras.
«La incorporación de drones con tecnología de punta al trabajo policial es parte de las acciones del Plan Control Territorial, que contempla la modernización de nuestros equipos para hacer más efectivo el combate al crimen», manifestó el funcionario.
Ese mismo año, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, afirmó que la adquisición de un lote de drones fue gracias a una inversión de $120,000, los cuales servirían para «continuar combatiendo la delincuencia».
Los equipos han sido utilizados en los cercos de seguridad que se instalaron en la comunidad Tutunichapa, La Granjita, así como en Chalatenango, Cabañas, Comasagua, Soyapango y Apopa. En marzo de 2022, tres pandilleros fueron capturados en Soyapango cuando estaban utilizando drones —menos sofisticados que los policiales— para vigilar los movimientos de la PNC y alertar a otros criminales en la colonia El Pepeto y la comunidad 3 de Enero.
«Sepan que contamos con toda la tecnología y los recursos para combatir y extraer al último remanente terrorista en la zona», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en agosto pasado, cuando la Policía usó estos dispositivos en el cerco de Cabañas.
Desde que el presidente de la república, Nayib Bukele, puso en marcha la estrategia de seguridad contra las pandillas, se contempló modernizar a la Policía y al Ejército con equipos para acabar de una vez por todas con estos grupos terroristas.
Hasta antes de la adquisición de estos modernos equipos, durante los gobiernos corruptos de ARENA y del FMLN, los mareros se ocultaban en los techos de las viviendas para burlar a las autoridades cuando implementaban operativos.
Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) reveló que en la gestión del prófugo Salvador Sánchez Cerén se adquirieron 67 drones de una reorientación de $137,728.00 presupuestado para la Policía.
Otro de los señalamientos detectados a partir de esta auditoría es que las 67 tabletas adquiridas que servirían para controlar los drones no funcionaron, aparentemente, por la incompatibilidad de software.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
