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Autoridades capturan a 14 traficantes y distribuidores de marihuana y cocaína
El trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de 14 personas que se dedicaban al comercio y distribución de droga desde Ahuachapán hasta San Miguel.
«Tras una investigación qué inició en octubre de 2023, la Fiscalía ordenó la captura de 14 traficantes que operaban en Ahuachapán, San Miguel, Usulután, La Paz, Cuscatlán, La Libertad y San Salvador», indicó el fiscal del caso.
Según la investigación, la estructura movía los estupefacientes en motocicletas y vehículos a fin de entregarla en los lugares donde sería comercializada; en la mayoría de los casos, el centro de operaciones eran las viviendas de los imputados.
«Entre los casos relevantes de esta investigación destaca una familia completa que reside en Olocuilta, La Paz y que habían organizado jornadas laborales completas para vender marihuana», apuntó el fiscal.
Los detenidos identificados como los cabecillas de la organización son: Denis Alexander Ventura Ramos, Sonia Maribel Ventura Ramos, Luis Ángel Matoso Rivera y Nury Beatriz Ventura Ramos.
Durante el procedimiento se incautaron 33 teléfonos, $12,611, 5 vehículos, 1 motocicleta, 1 báscula, 2 tablets, considerable cocaína y marihuana.
Los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, facilitación de locales, inmuebles o establecimientos, cooperación en tráfico de drogas, así como por agrupaciones ilícitas, y a una persona se le imputa el delito de tráfico ilícito.
Las autoridades detallaron que desde que inició la investigación en el 2023 a la fecha se ha logrado incautar más de $20,000 en droga marihuana y cocaína; también se decomisaron 7 vehículos, teléfonos celulares y otros bienes de valor.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
