Judicial
AL BORDE DE LA MUERTE: Conductor se enfrenta a tres asaltantes que lo intentaron asesinar en parqueo de gasolinera en Carretera de Oro
Con varios disparos en el cuerpo, un hombre logró salvarse de ser privado de libertad de dos asaltantes que lo interceptaron en una gasolinera ubicada sobre el kilómetro 8 de la carretera de Oro.
La oportuna intervención de policías que patrullaban la zona evitó que el hecho terminara en una desgracia mayor.
La vida de Nicolás (nombre modificado por seguridad) cambió a la misma velocidad de las balas que supuestamente fueron disparadas por Guillermo M., de 43 años, y Estanislao A., de 19.
Minutos antes del ataque, Nicolas manejaba su vehículo cuando decidió hacer una parada en una gasolinera para comprar algo de tomar sin imaginar que dos hombres se le cruzarían en su camino para tratar de arrebatarle su vida.
El 9 de marzo de 2018, la víctima se estacionó frente al supermercado y al bajarse notó que los dos imputados no dejaban de mirarlo y seguirle los pasos, tal cual serpiente a su presa.
Una atmósfera extraña se apoderó del lugar, camino a la estación de servicio el conductor se dio cuenta que que si se quedaba más tiempo iba a suceder lo peor, por lo que al regresar apresuró el paso.
Como si se tratara de una película de suspenso, Nicolás sacó las llaves de su carro y trató de entrar lo más rápido posible al carro, pero sus agresores lo tenían encañonado y en coro le exigieron las llaves del vehículo.
Asustado, Nicolas hizo caso de cada indicación para tener la oportunidad de escapar cuando sus captores estuvieran desprevenidos, situación que lo llevó a forcejearse con ambos que lo trataban de meter al carro.
Sin importarles que alguien los observara, los asaltantes dispararon en tres ocasiones contra la humanidad de Nicolas quien cayó al piso con tres heridas en el pecho.
El sonido poco usual en el lugar llegó hasta los oídos de un grupo de policías que estaban patrullando a unos cuantos metros de la zona, aceleraron la patrulla y llegaron hasta el estacionamiento de la gasolinera.
En ese momento, Guillermo y a Estanislao corrían de manera errática por el estacionamiento con un arma en la mano.
Los agentes ordenaron que se detuvieran, pero estos no obedecieron y siguieron corriendo, no sin antes disparar contra los policías para evitar que los atraparan.
Ante esto los elementos de seguridad decidieron responder al fuego lo que provocó una balacera que dejó herido a uno de los delincuentes.
Acorralados, los imputados decidieron entregarse y mientras esto sucedía Nicolás logró llegar a su vehículo donde fue auxiliado por los agentes.
Debido a la gravedad de las heridas, el conductor fue trasladado a un hospital de la zona donde se recuperó y presentó cargos en contra de sus agresores..
Guillermo y Estanislao fueron acusados de intento de homicidio y desde una celda del centro penal “La Esperanza” esperan que se fije la fecha para su juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
