Internacionales
Perdió a su marido, fue torturada y violada por policías para que confesara que era del cártel de Los Zetas
Mónica Esparza Castro fue víctima de tortura y abuso sexual por parte de las autoridades mexicanas; la obligaron a declararse miembro de un cártel de las drogas.
El 12 de febrero de 2013 la vida de Mónica Esparza Castro cambió para siempre luego de que policías municipales detuvieran la camioneta donde viajaba porque la identificaron como miembro del crimen organizado, y decidieron utilizar varias técnicas de torturapara ‘sacarle’ una confesión.
Lo que sería una revisión de rutina se convirtió en un infierno;: fue violada por varios agentes, recibió descargas eléctricas en los genitales, fue asfixiada con una bolsa de plástico, sometida a intentos de ahogamiento en una tina con agua y amenazada con ser descuartizada.
El día de su detención, Mónica viajaba en compañía de su hermano y su esposo; se dirigían a una ferretería en el municipio de Torrerón, Coahuila. Luego de su detención, los policías trasladaron a los tres detenidos a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública. En el sitio los interrogaron sobre su supuesta vinculación con Los Zetas.
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Al no obtener respuesta, los agentes empezaron a golpear a la jóven y sus familiares. Según su testimonio, primero fue golpeada en el rostro para luego ser ahogada en un tambo. Además fue golpeada en los glúteos con un trozo de madera y amenazada de muerte.
Los policías la obligaron a presenciar cómo torturaban a su hermano y a su esposo, quien fue abusado sexualmente y murió a consecuencia de las heridas que la policía le ocasionó.
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Tras haber sido abusada sexualmente por siete agentes, Mónica y sus familiares fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, donde fue violada por segunda ocasión y amenazada de muerte.
Luego fueron enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde su hermano y ella fueron obligados a firmar una confesión en la que se declaraban culpables por los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
«El Ministerio Público de la Ciudad de México le enseñó a Mónica fotos de sus hijos y de su madre. La amenazaron con matar a todos si no confesaba que era miembro de Los Zetas, por ese motivo actualmente está encerrada», dijo Rogelio Menchaca, padre de la víctima, en entrevista para El Universal.
A pesar de que en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un examen que confirmó que Mónica fue víctima de torturas por parte de las autoridades, hasta ahora no se han formulado cargos contra ninguno de los agresores y ella sigue en prisión.
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Mientras la averiguación previa sigue abierta, Mónica está recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos.
Rogelio Menchaca comentó que debido a sus intentos por liberar a su hija, él y otros miembros de su familia han recibido amenazas por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a fin de que detengan su investigación sobre lo que ocurrió en el día de la detención.
Hace tres años, otro de mis hijos, el mayor, fue detenido por unos policías para advertirle que nos dejáramos de chingaderas, que dejáramos de buscar información al respecto y que nos fuéramos de aquí. También se molestaron porque buscamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vivir en Torreón se ha vuelto algo muy complicado para nosotros
El testimonio del padre fue recogido este lunes por el periódico nacional, sin embargo, ésta no es la primera vez que la historia de Mónica sale a la luz. En 2016, una investigación elaborada por Amnistía Internacional recopiló 100 casos de víctimas de tortura por parte de la policía; el de Mónica fue uno de ellos.
Internacionales
Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños
La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.
La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.
«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.
«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía). No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.
La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».
La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.
El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.
En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.
El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.
Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.
«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.
El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».
«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
