Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
Internacionales
¡DE SUPUESTO MILAGRO A INVESTIGACIÓN! Pastor que aseguró que su hija resucitó en pleno velorio está bajo la lupa en Guatemala
Un caso que inicialmente fue presentado como una supuesta resurrección se ha convertido en una investigación de las autoridades guatemaltecas. El Ministerio Público de Guatemala abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido con Yuleidy Ixcotoyac, una joven que recuperó el conocimiento mientras su familia preparaba su velorio en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Su padre, el pastor evangélico Abraham Ixcotoyac, está bajo investigación después de haber considerado fallecida a su hija sin contar con una certificación médica que confirmara su muerte.
Según el relato del pastor, la joven comenzó a sentirse mal durante la madrugada del sábado 10 de octubre y perdió el conocimiento mientras era trasladada hacia un hospital. El religioso aseguró que, al comprobar que aparentemente no respiraba ni tenía pulso, creyó que había fallecido y decidió regresar a su comunidad. Posteriormente, consiguió un ataúd y organizó los preparativos funerarios sin que la joven recibiera atención médica. Horas después, cuando familiares y vecinos se encontraban reunidos, Yuleidy comenzó a moverse dentro del féretro y recuperó el conocimiento, un momento que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con otras dependencias del Ministerio Público, investiga si existió negligencia, simulación del fallecimiento o alguna otra irregularidad. La Procuraduría General de la Nación también intervino para verificar las condiciones de la joven y garantizar su bienestar. Uno de los principales aspectos que examinan las autoridades es la decisión de suspender el traslado al hospital sin una valoración profesional. Aunque en redes sociales se ha señalado que el pastor podría enfrentar hasta cinco años de prisión, todavía no se ha confirmado una acusación penal formal ni se ha demostrado que la supuesta resurrección fuera un engaño planificado.
El caso ha provocado numerosas reacciones y cuestionamientos sobre las circunstancias en que la familia dio por muerta a la joven. Mientras sus familiares consideran lo sucedido como un milagro, las autoridades buscan determinar qué provocó la pérdida de conocimiento y si se incumplieron procedimientos legales o médicos. Hasta el momento, no existe evidencia médica que confirme que Yuleidy haya fallecido y posteriormente regresado a la vida, por lo que las investigaciones serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.
🇬🇹 Pastor evangélico en Guatemala es investigado por presuntamente fingir la muerte y resurrección de su hija de 15 años: podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
El pastor evangélico Abraham Ixcotoyac, en Guatemala, es investigado junto a su hija Yuleidy, de 15 años, por un caso relacionado con una presunta simulación de muerte y posterior resurrección. De comprobarse alguna responsabilidad penal, podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según las circunstancias y los delitos que se determinen.
El Ministerio Público de Guatemala anunció el inicio de una investigación para establecer si hubo una simulación del fallecimiento, negligencia u otra posible irregularidad.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) señaló que el caso podría llegar a los tribunales, debido a que presuntamente no se habría cumplido el protocolo correspondiente, ya que la joven no fue trasladada a una morgue ni se completaron los procedimientos necesarios para certificar su defunción.
Según relató el padre a medios de comunicación, creyó que su hija había fallecido mientras se dirigían a un hospital. Sin embargo, en lugar de continuar hacia el centro asistencial, consiguió un ataúd y solicitó a una funeraria que trasladara a la adolescente hasta su vivienda dentro del féretro.
El pastor también confirmó que no contaba con un acta de defunción que certificara legalmente la muerte de la menor.
Posteriormente, en su vivienda, la joven fue vista con vida, un hecho que causó conmoción y generó interrogantes sobre las circunstancias del caso. Las autoridades investigan lo ocurrido para determinar si existieron irregularidades y establecer las posibles responsabilidades legales.
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 14, 2026
Internacionales
¡MADURO RECHAZA ACUSACIONES DE TORTURA EN EE. UU.! Él y Cilia Flores se declaran inocentes y enfrentarán juicio en 2027
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan nuevas acusaciones por presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses. La comparecencia se desarrolló ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, y representa una nueva etapa del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos, inicialmente relacionado con delitos de narcotráfico.
Durante la audiencia, Maduro rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense y aseguró que los señalamientos en su contra son falsos. El exmandatario intentó explicar su posición ante el tribunal, pero el juez interrumpió su intervención y ordenó registrar formalmente una declaración de no culpabilidad. Por su parte, Cilia Flores afirmó que había leído y comprendido la nueva acusación, antes de manifestar que era completamente inocente. Ambos comparecieron bajo custodia y con grilletes en los tobillos, después de haber sido trasladados a Estados Unidos tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas en enero de 2026.
La nueva acusación amplía considerablemente el alcance del proceso judicial. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y Flores habrían participado en una estructura de represión que utilizó detenciones arbitrarias, amenazas y torturas contra personas consideradas opositoras al Gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que las víctimas fueron sometidas a prácticas como golpes, asfixia y descargas eléctricas, y que entre los afectados se encuentran ciudadanos estadounidenses. La acusación atribuye a Maduro responsabilidades de dirección y supervisión de estos presuntos abusos, mientras que Flores es señalada por su supuesta participación en la organización de ese sistema represivo.
El expediente también incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos habrían utilizado posiciones de poder y recursos estatales para favorecer actividades criminales y proteger a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La acusación actualizada también amplía a Cilia Flores los señalamientos por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que anteriormente se atribuía únicamente a Maduro. Tanto el exmandatario como su esposa han rechazado las imputaciones.
Uno de los aspectos centrales del proceso será la discusión sobre la inmunidad que reclama la defensa. Los abogados de Maduro y Flores sostienen que su condición de exmandatario y exprimera dama debe ser considerada para solicitar la desestimación de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense mantiene su acusación y busca demostrar ante el tribunal que los hechos investigados constituyen delitos por los que ambos pueden ser procesados en Estados Unidos. Esta controversia jurídica deberá resolverse durante las próximas etapas del procedimiento.
El juez Alvin Hellerstein fijó el 14 de junio de 2027 como nueva fecha para el inicio del juicio, aplazando dos semanas el calendario establecido anteriormente debido a la incorporación de los nuevos cargos. Además, programó una audiencia para el 17 de diciembre de 2026, en la que se abordarán argumentos y solicitudes pendientes de las partes. De acuerdo con los reportes judiciales, Maduro y Flores podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si fueran declarados culpables de todos los cargos que se les atribuyen.
Por ahora, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia estadounidense mientras continúa la preparación del juicio. Las acusaciones sobre torturas y narcotráfico deberán ser examinadas mediante las pruebas y testimonios que presenten las partes ante la justicia federal. Aunque la nueva imputación aumenta la gravedad del proceso, ambos mantienen su declaración de inocencia y conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia.
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Hombre muere baleado al detenerse a auxiliar en accidente vial en Alta Verapaz, Guatemala
Allan José Mendoza Valiente, de aproximadamente 32 años, falleció tras recibir varios disparos cuando se detuvo junto a dos acompañantes para ayudar al conductor de una camioneta volcada en el kilómetro 182 de la carretera, en Tactic, Alta Verapaz, Guatemala. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes 13 de octubre, según reportes de las autoridades locales.
De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, los tres viajaban en una pick-up cuando observaron el vehículo accidentado a la orilla de la vía y decidieron bajarse para prestar auxilio. Sin embargo, el conductor de la camioneta habría disparado contra Mendoza por motivos que aún se desconocen, dejándolo sin vida en el interior del vehículo volcado.
En el lugar, las autoridades capturaron a César Heredia Lem Cal, de 32 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante la intervención, el detenido también habría disparado contra los agentes policiales, quienes respondieron el fuego y le ocasionaron una herida por rozón en el pie izquierdo.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades penales del capturado, mientras la familia de la víctima exige justicia por la muerte de Mendoza Valiente, quien perdió la vida al intentar ayudar a otra persona en la carretera.
