Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
