Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
