Internacionales
Narcos asesinan con más de 150 balazos a policía que participó en el operativo donde se capturó y liberó a Ovidio Guzmán
Asesinan de 150 balazos a policía que participó en el operativo donde se capturó y liberó a Ovidio Guzmán, dentro del estacionamiento de una plaza comercial, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Eduardo, de 32 años, llegó a las 7:30 horas del miércoles al centro comercial ubicado en el bulevar Jesús Kumate casi al cruce con boulevar de las Moras.
Eduardo, con domicilio en la sindicatura de Costa Rica, iba a bordo de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, modelo 2010, cuando sujetos le dispararon en repetidas ocasiones con armas largas, tipo “cuerno de chivo” y R15. Autoridades acordonaron la zona, donde encontraron más de 155 casquillos percutidos, informó el portal Río Doce.
Una vez que se confirmó el hallazgo del policía asesinado dentro de un auto Nissan Sentra color blanco, la escena fue asegurada también por elementos de la Policía Estatal, quienes llevaron un camión blindado al lugar.
De acuerdo la información obtenida en el lugar de los hechos, se presume que sujetos armados llegaron por la calle Kumate y desde ahí comenzaron a disparar con el elemento que se encontraba dentro del auto, y quien quedaría muerto junto a un arma larga y un radio matra.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que “doblar las manos” ante el poder del Cártel de Sinaloa. Lo que se pretendía ser un triunfo para la actual administración federal, con la captura de Ovidio Guzmán López –hijo del “Chapo” Guzmán–, terminó poniendo al descubierto una pésima estrategia de seguridad.
El poderío del narco
La fuerza pública se vio muy superada en número por los integrantes del cartel de Sinaloa, en más del doble de efectivos, según declaraciones de agentes a medios locales. Los narcos amenazaron a familiares de militares y secuestraron a varios grupos del Ejército como moneda de cambio para la liberación de su jefe, Ovidio Guzmán, lo que precipitó su liberación.
Se pensaba que el cartel de Sinaloa estaba debilitado por las disputas internas tras la detención de su capo, El Chapo Guzmán, en enero de 2016. Sin embargo, la furia y la violencia que desató el jueves demostraron lo contrario.
«Exhibieron un amplio arraigo social y fuerza armamentística con armas de alto calibre, así como su capacidad de reconstruir alianzas entre cabecillas y sicarios ante deslices gubernamentales”, asegura a DW el profesor del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero, quien apunta que «los anteriores presidentes nunca se metieron a Sinaloa, sino únicamente con operativos precisos, y dejaron crecer el cartel”.
Una estrategia insuficiente
López Obrador llegó a la presidencia bajo el lema ‘abrazos, no balazos’ y justificó el fin del operativo en Culiacán alegando que así se evitaría la muerte de civiles. «La decisión se tomó para proteger a los ciudadanos.
No se puede apagar el fuego con el fuego”, argumentó en un discurso en que volvió a distanciarse de las políticas belicistas de sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, centradas en la detención de los cabecillas, cuyo único efecto fue exacerbar la violencia.
Sin embargo, esas acciones han arrojado un éxito escaso, según los expertos, debido a una improvisación en su implementación. «Aunque la maduración de resultados será a mediano plazo, se puede decir que no ha habido avances en la contención de la criminalidad”, según Montero: «El narco gobierna varias partes de la República, no sólo por su volumen de fuerza, sino porque ocupa el espacio económico con la generación de empleos y riqueza”.
En los diez primeros meses de gobierno de AMLO han sido asesinadas 29 mil 629 personas, el inicio de sexenio más violento desde la Revolución. Una espiral homicida que el ejecutivo achaca a la herencia de los anteriores gobiernos. En septiembre se registró un leve descenso de asesinatos y una baja de 2,6% en la percepción de inseguridad, según encuestas oficiales que el gobierno celebró dado que se trató tal vez de la única estadística favorable en este mandato.
No obstante, las cifras siguen siendo demoledoras: siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros en un país con un centenar de asesinatos al día en lo que va de año. La batalla de Culiacán sólo refuerza la visión de un Estado fallido para frenar al narcotráfico.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
