Internacionales
La viuda de un colombiano linchado en un pueblo de México culpa a la Policía local
Familiares del ciudadano colombiano Ricardo Alonso Lozano Rivas, linchado en la plaza central de Tetela del Volcán, Morelos (México), responsabilizaron a la Policía local por el asesinato.
La esposa del hombre, Beatriz Elena Cardona, sustentó la acusación en un audio que le envió la víctima antes de morir.
Relató que su esposo le envió una nota de voz a través de la cual le expresó que había sido detenido por la Policía local.
Por ello, su viuda no se explica de qué manera su esposo terminó siendo linchado tras ser acusado por la gente del pueblo de ser integrante de una red de extorsionadores colombianos.
«La verdad, yo no entiendo cómo pasó esto, si él estaba detenido, porque me lo sacaron, si ellos tenían que investigar qué estaba haciendo mal; ellos tienen derechos. Yo le echo la culpa a la Policía de allá», señaló Beatriz Elena Cardona.
«Los policías me salvaron prácticamente ellos, porque eran más de mil personas y eran cinco policías que me sacaron a la fuerza de ahí», había dicho Lozano Rivas, según la grabación que envió a su esposa.
Según la viuda, Lozano Rivas era entrenador de fútbol para niños en Colombia y había viajado a México para hacer lo mismo en aquel país. El hombre tenía 32 años y era originario de la ciudad de Medellín.
Los últimos momentos de Lozano Rivas
El linchamiento ocurrió el pasado 31 de julio. De acuerdo con la versión de medios locales, tras ser detenido por una multitud enfurecida, los habitantes de Tetela del Volcán incendiaron el vehículo del colombiano y posteriormente fue atado a un asta en la cabecera municipal, mientras que la gente se reunió para decidir su destino.
En un inicio, se había acordado que los pobladores entregarían al detenido a las autoridades.
Posteriormente, la masa embravecida pidió a los medios de comunicación que se retiraran del área. Ante la ausencia de autoridades, el retenido fue ahorcado en la plaza, tras ser señalado de participar en una red de extorsión.
El audio que envió Lozano Rivas a su familia contradice la versión difundida en medios, por lo cual, pidieron a las autoridades mexicanas aclarar lo sucedido.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
