Internacionales
Estados Unidos solicita a Honduras la extradición del expresidente, Juan Orlando Hernández
El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
La noticia fue confirmada por el vicepresidente hondureño, Salvador Nasralla, a la agencia de noticias AP.
Previamente, la Cancillería de Honduras había dicho en Twitter que notificó a la Corte Suprema de Justicia del país que la Embajada de Estados Unidos había solicitado formalmente el arresto de un político hondureño con fines de extradición.
Y la Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia este martes para nombrar un juez para analizar la solicitud.
La mañana de este martes, el expresidente hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que asegura que está «presto y listo para colaborar» y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a un juez natural.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», aseguró Hernández en un mensaje grabado, presuntamente desde su casa en Tegucigalpa.
Tal como se ve en imágenes de medios locales, los alrededores de la residencia de Hernández en Tegucigalpa continúan este martes bajo un riguroso dispositivo de seguridad desde el lunes en la noche.
«(Quiero) Dejar en claro el atropello que está enfrentando mi representado Juan Orlando Hernández», le dijo a una televisora local el abogado Hermes Ramírez, en relación a la presencia de uniformados cerca de residencia.
Ramírez dijo que el exmandatario se encontraba en su residencia y aclaró, en un video difundido en redes sociales junto al también abogado Félix Ávila, que aún no hay una orden de captura contra su defendido.
Hernández ha negado previamente los señalamientos en su contra y asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
La pasada semana, Estados Unidos anunció que había sancionado al expresidente al vetarle la entrada al país.
Juan Orlando Hernández se unió al Parlamento Centroamericano(Parlacen) tras dejar la presidencia, lo que según su abogado, le garantiza inmunidad.
El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandatoen 2017.
Aquella elección no estuvo exenta de polémica. Luego de que el sistema de recuento de votos dejara de funcionar, Hernández comenzó a ganar ventaja en las votaciones y fue declarado ganador, lo que provocó masivas protestas que dejaron varios muertos.
Aunque el gobierno de EE.UU. reconoció su victoria, fiscales estadounidenses revelaron después que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como coconspirador en en el juicio a su hermano, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.
Uno de los testigos en el caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse con un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre «la protección y el trasiego de drogas».
Cuando en el juicio a su hermano y en el del hondureño Geovanny Fuentes surgieron testimonios que lo comprometían, el entonces mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en EE.UU.
«Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos», tuiteó Hernández en ese entonces.
Internacionales
Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.
La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.
Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.
La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.
El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción. La medida marca un nuevo giro en la relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro.
Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.
Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.
Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.
«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», detalla el texto difundido este sábado.
El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una «deportación».
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.
Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Caída en desgracia
Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.
Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.
Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.
