Internacionales
Estados Unidos solicita a Honduras la extradición del expresidente, Juan Orlando Hernández
El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
La noticia fue confirmada por el vicepresidente hondureño, Salvador Nasralla, a la agencia de noticias AP.
Previamente, la Cancillería de Honduras había dicho en Twitter que notificó a la Corte Suprema de Justicia del país que la Embajada de Estados Unidos había solicitado formalmente el arresto de un político hondureño con fines de extradición.
Y la Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia este martes para nombrar un juez para analizar la solicitud.
La mañana de este martes, el expresidente hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que asegura que está «presto y listo para colaborar» y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a un juez natural.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», aseguró Hernández en un mensaje grabado, presuntamente desde su casa en Tegucigalpa.
Tal como se ve en imágenes de medios locales, los alrededores de la residencia de Hernández en Tegucigalpa continúan este martes bajo un riguroso dispositivo de seguridad desde el lunes en la noche.
«(Quiero) Dejar en claro el atropello que está enfrentando mi representado Juan Orlando Hernández», le dijo a una televisora local el abogado Hermes Ramírez, en relación a la presencia de uniformados cerca de residencia.
Ramírez dijo que el exmandatario se encontraba en su residencia y aclaró, en un video difundido en redes sociales junto al también abogado Félix Ávila, que aún no hay una orden de captura contra su defendido.
Hernández ha negado previamente los señalamientos en su contra y asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
La pasada semana, Estados Unidos anunció que había sancionado al expresidente al vetarle la entrada al país.
Juan Orlando Hernández se unió al Parlamento Centroamericano(Parlacen) tras dejar la presidencia, lo que según su abogado, le garantiza inmunidad.
El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandatoen 2017.
Aquella elección no estuvo exenta de polémica. Luego de que el sistema de recuento de votos dejara de funcionar, Hernández comenzó a ganar ventaja en las votaciones y fue declarado ganador, lo que provocó masivas protestas que dejaron varios muertos.
Aunque el gobierno de EE.UU. reconoció su victoria, fiscales estadounidenses revelaron después que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como coconspirador en en el juicio a su hermano, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.
Uno de los testigos en el caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse con un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre «la protección y el trasiego de drogas».
Cuando en el juicio a su hermano y en el del hondureño Geovanny Fuentes surgieron testimonios que lo comprometían, el entonces mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en EE.UU.
«Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos», tuiteó Hernández en ese entonces.
El autor de un atropello masivo en Múnich que dejó al menos 36 heridos tenía una «orientación islamista» y una «motivación religiosa», indicaron las autoridades alemanas este viernes .
El sospechoso es un afgano de 24 años detenido en el lugar del atentado tras arollar con su automóvil un grupo de personas que manifestaban y fue interrogado.
Autoridades identifican una posible «orientación islamista»
«Reconoció haber atropellado voluntariamente a los manifestantes e invocó una razón que yo resumiría como una motivación religiosa», señaló Gabrielle Tillmann, una representante de la fiscalía.
«Pudimos identificar una cierta orientación islamista» en el sospechoso, declaró en rueda de prensa Guido Limmer, un responsable de la policía local.
El afgano llegado a Alemania en 2016, cuando tenía 15 años, gritó «¡allahu akbar!» (Dios es el más grande) después de ser arrestado, indicaron las autoridades.
Una búsqueda preliminar en su teléfono celular y en sus cuentas de redes sociales mostró que era abiertamente religioso, dijo Tilmann. Era particularmente activo en Instagram, donde publicaba sobre culturismo y atletismo. Sin embargo, «nada apunta a que estuviera ligado a una organización, como Estado Islámico, por ejemplo», apuntó.
Atacante era «tolerado» legalmente como residente, aunque su asilo fue rechazado
Su solicitud de asilo había sido rechazada por las autoridades, pero seguía siendo «tolerado» legalmente como residente en Alemania, en particular porque afirmaba tener un trabajo, principalmente como guardia de seguridad.
El ataque se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero, dominadas por el tema migratorio.
El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), muy pugnaz en el asunto, podría obtener más de 20% de los votos en los comicios, el doble que en 2021, según los últimos sondeos
El gobernador DeSantis firmó leyes migratorias más duras para Florida, incluida la pena de muerte
El estado de Florida ha aprobado un conjunto de leyes migratorias más estrictas, que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil. Según informó AP, el gobernador Ron DeSantis firmó las nuevas disposiciones este jueves, consolidando a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más severas en Estados Unidos. La legislación ha provocado un intenso debate y críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles violaciones constitucionales.
De acuerdo con AP, las leyes incluyen una inversión de aproximadamente 298 millones de dólares destinados a fortalecer la aplicación de las normativas migratorias. Este presupuesto permitirá la contratación de más de 50 agentes de seguridad dedicados exclusivamente a la supervisión de inmigrantes, así como la compra de nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales. Además, se contempla el reembolso de los costos derivados del uso de instalaciones de detención.
El paquete legislativo forma parte de una estrategia más amplia de los republicanos para reforzar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha respaldado medidas similares en otros estados. Con estas leyes, Florida se posiciona a la vanguardia de los territorios que buscan endurecer la legislación contra la inmigración ilegal, alineando sus recursos locales con las estrategias federales en materia de seguridad fronteriza.
Conflicto interno entre republicanos y el gobernador DeSantis
El proceso legislativo que llevó a la firma de estas leyes estuvo marcado por divisiones dentro del propio Partido Republicano. Según AP, el gobernador DeSantis mantuvo un desacuerdo prolongado con líderes republicanos en el estado, quienes inicialmente presentaron propuestas más moderadas que fueron rechazadas por el mandatario. DeSantis consideró que las iniciativas originales eran insuficientes y una “traición” a los votantes conservadores.
El senador republicano Joe Gruters, aliado de Trump y patrocinador clave del paquete legislativo, admitió que el proceso dejó “heridas” entre los involucrados, pero aseguró que la aprobación de las leyes representa una victoria para el presidente. “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, afirmó Gruters, según consignó AP.
Las tensiones entre DeSantis y los sectores más leales a Trump han sido evidentes en otros ámbitos de la política estatal y nacional. Mientras algunos republicanos ven al gobernador de Florida como un posible contendiente presidencial en 2028, sus diferencias con la base trumpista han generado fricciones dentro del partido.
Medidas adicionales y cuestionamientos constitucionales
Además de la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, la nueva legislación tipifica como delito el reingreso a Florida de personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos y endurece las penas para cualquier infracción cometida por no ciudadanos.
Sin embargo, la medida más controvertida ha sido la aplicación de la pena capital, que según expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos podría ser inconstitucional. AP reportó que opositores a la ley han citado precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar que esta disposición podría ser impugnada en los tribunales.
Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
Otros estados del sur refuerzan restricciones migratorias
Florida no es el único estado que ha endurecido su postura frente a la inmigración ilegal. Según AP, legisladores en Alabama y Georgia han aprobado medidas similares que buscan reforzar la cooperación con el gobierno federal en la detención y deportación de inmigrantes.
En Alabama, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley que exige la recolección de ADN de inmigrantes detenidos, prohíbe el reconocimiento de licencias de conducir emitidas en otros estados sin prueba de ciudadanía y criminaliza el transporte de personas indocumentadas. En Georgia, la legislatura aprobó una norma que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias.
El endurecimiento de las leyes en estos estados ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, una legislación aprobada el año pasado fue motivada por el asesinato de una estudiante universitaria, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente al país.
Reacciones y preocupación en las comunidades imigrantes
Las nuevas leyes han generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y sus defensores, quienes temen que estas medidas fomenten la discriminación y el perfilamiento racial.
En Alabama, Jasmín Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y recién graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su preocupación por el impacto que estas políticas tendrán en las comunidades vulnerables. “No quiero ser parte de un estado que perpetúe este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”, declaró, según AP.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que las disposiciones aprobadas en Florida y otros estados del sur podrían llevar a detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas del orden. Algunos críticos han señalado que estas leyes forman parte de una estrategia política de los republicanos para consolidar el apoyo de su base de votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en el sur de EEUU
Con la aprobación de estas leyes, Florida, Alabama y Georgia se consolidan como los estados con políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos. La tendencia apunta a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses.
El debate sobre la legalidad y las implicaciones de estas medidas se mantiene abierto. Mientras los republicanos defienden estas leyes como una respuesta necesaria para combatir la inmigración ilegal, los opositores advierten que podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar a miles de familias. Según AP, se espera que la constitucionalidad de algunas disposiciones, especialmente la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, sea impugnada en tribunales en los próximos meses
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que si EE.UU. declara a los cárteles como organizaciones terroristas, su Gobierno podría ampliar la demanda contra las fábricas de armas de ese país.
«Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda [contra fabricantes y distribuidores de armas] en EE.UU.», manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina de este viernes.
De acuerdo con Sheinbaum, para llevar a cabo la medida que ha asomado el presidente estadounidense, Donald Trump, se tomarían en cuenta datos del Departamento de Justicia en el que reconoce «que el 74 % de las armas de los grupos delictivos vienen de EE.UU.».
Ante ello, se preguntó: «¿Entonces cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al [posible] decreto? Tal vez los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices».
Actualmente está en proceso en EE.UU. una demanda de México contra fabricantes de armas, al responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga. En noviembre pasado, la Corte Suprema de ese país fijó para el 4 de marzo de 2025 la audiencia para recibir los alegatos orales de la nación latinoamericana. El caso, en el que se exigen 10.000 millones de dólares de indemnización, ha tenido avances en tribunales menores.
Según declararon recientemente funcionarios estadounidenses a The New York Times, el Departamento de Estado elabora una lista de cárteles que serán designados como grupos terroristas, en atención a una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero, día en que tomó posesión, y que busca mayor presión contra estas organizaciones criminales.
Se espera que la designación se aplique a ocho grupos, aunque la lista podría cambiar antes de un anuncio público. Entre esas organizaciones están los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, del Noreste, del Golfo y Unidos
