Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
La cuenta de X de la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue hackeada este viernes, provocando cambios en el perfil y la desaparición de todas las publicaciones que documentaban su gestión presidencial.
De acuerdo con la información difundida, una de las primeras señales de la intervención fue la modificación de la descripción de la cuenta, que dejó de identificar a Castro como «expresidenta de Honduras». En su lugar, aparecieron palabras relacionadas con videojuegos, la bandera de Israel y un enlace hacia un sitio web para adultos.
Asimismo, desde el perfil comenzaron a publicarse mensajes relacionados con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenidos que no correspondían a las publicaciones habituales de la exmandataria.
Otro de los cambios detectados fue la desaparición de todas las publicaciones realizadas durante los últimos años, las cuales documentaban la gestión presidencial de Xiomara Castro. Tras entregar la Presidencia, se había informado que la cuenta permanecería activa como una «memoria histórica» de su administración.
Hasta el momento, ni los hijos de la exmandataria ni su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se han pronunciado sobre lo ocurrido. Por su parte, el exviceministro de Comunicaciones y Prensa, Ivis Alvarado, informó que, tras el presunto hackeo, fueron eliminadas todas las publicaciones históricas de la cuenta.
Un incendio forestal registrado cerca de Zaragoza, en el noreste de España, ha arrasado más de 12,000 hectáreas y mantiene un riesgo de propagación «muy alto», informó este viernes el Gobierno de la región de Aragón.
«La noche ha sido muy compleja, muy difícil. En estos momentos estimamos que la superficie quemada estaría por encima de 12,000 hectáreas», declaró a periodistas el encargado de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.
El incendio, declarado el miércoles en el municipio de Orés, una zona poco poblada de Aragón, provocó la evacuación de cinco pequeños pueblos. Los bomberos trabajaron durante toda la noche del jueves al viernes, aunque el Gobierno de Aragón advirtió que «el fuego se mantiene muy activo».
«El riesgo de propagación continúa siendo muy alto» y la prioridad es «seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados», señaló Bermúdez de Castro.
Hasta el momento, el siniestro no ha dejado víctimas. Más de 450 bomberos, con el apoyo de 300 miembros del ejército y alrededor de 30 medios aéreos que realizan descargas de agua sobre las llamas, continúan combatiendo el fuego.
El incendio ha generado preocupación en España, un país que aún recuerda el fuerte siniestro forestal ocurrido la semana pasada en la provincia de Almería, en la región sureña de Andalucía, donde murieron 13 personas y fueron destruidas 7,000 hectáreas.
España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en 2025 más de 393,000 hectáreas fueron arrasadas por incendios en España, la cifra más alta en la historia reciente. Además, en lo que va del año, 72,488 hectáreas del país han sido afectadas por el fuego, según el mismo organismo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló el martes durante una visita a la zona afectada por el incendio en Andalucía que los efectos de la emergencia climática «cada vez se están agravando» y advirtió que se prevé un «verano complejo» en España debido a los incendios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática con Irán, informó la Casa Blanca, que aseguró que Washington continúa en contacto con Teherán pese a la reanudación de las hostilidades.
Las declaraciones fueron emitidas un día después de que Trump agradeciera a Irán por la liberación de un ciudadano estadounidense que permanecía detenido desde diciembre de 2024, un gesto que fue interpretado como una posible señal de apertura diplomática.
Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el mandatario estadounidense considera responsables a los iraníes cuando incumplen los compromisos asumidos con Estados Unidos, aunque señaló que Trump mantiene disposición al diálogo.
«El presidente considera [a los iraníes] responsables cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia», declaró Leavitt.
La portavoz agregó que Irán expresó al presidente estadounidense su interés en alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que Washington no permitirá ataques contra embarcaciones en el estrecho sin consecuencias.
«Le expresaron al presidente que aún quieren lograr un acuerdo. Estamos hablando con ellos, pero, de nuevo, el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin que haya consecuencias», señaló.
El frágil alto el fuego acordado en junio continúa bajo presión luego de que Estados Unidos lanzara varias rondas de ataques en los últimos días, con el objetivo de frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo.
