El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
En redes sociales se reportó la muerte de un creador de contenido en Honduras. Se trata de David Argueta, quien en sus plataformas digitales mostraba su pasión por los carros modificados.
Según medios locales, Argueta fue interceptado la noche anterior por unos sujetos en el distrito Central, Francisco Morazán.
De acuerdo con los reportes, los atacantes se acercaron y dispararon múltiples veces contra la víctima.
El sistema comercial mundial atraviesa las «mayores perturbaciones» de su historia por los desafíos a las normas comerciales y esto podría tener repercusiones en los niveles de vida en todo el mundo, advirtió este martes la OMC.
En su informe anual, la Organización Mundial del Comercio advierte que «volver a una política comercial unilateral tendría grandes costes» y podría reducir el PIB mundial alrededor de un 5% y las exportaciones un 18,6% de aquí a 2050.
«Las políticas comerciales mundiales y la OMC experimentan las perturbaciones más graves y sostenidas desde que se creó el sistema comercial multilateral hace 80 años», señala el informe, que se hace eco de una advertencia formulada en marzo por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, poco después del inicio de la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.
«Hemos visto cómo las normas comerciales han sido cuestionadas a una escala inédita desde la creación de las instituciones multilaterales para sustentar un comercio mundial abierto, estable y predecible», afirmó Okonjo-Iweala en el prólogo del informe.
El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una cruzada arancelaria desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio.
La OMC señaló varios factores que han perjudicado la cooperación, como la creciente intervención de los Gobiernos en los mercados.
Las inundaciones en el estado oriental indio de Bihar afecta a casi cinco millones de personas, informaron funcionarios el martes, mientras se envía ayuda a las zonas más afectadas.
Bihar es uno de los estados de India más propensos a las inundaciones y los siete ríos principales de la región registran niveles por encima de su categoría «de peligro» tras las fuertes lluvias, según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos.
«Se están proporcionando continuamente alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a las familias necesitadas», declaró en un comunicado Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar.
El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, dijo que se habían transferido 7.000 rupias (72 dólares) a cada una de más de 827.000 familias afectadas por las inundaciones en el estado.
Casi cinco millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar.
«La prioridad del gobierno es que cada familia afectada reciba ayuda por las inundaciones y que las labores de reconstrucción se realicen con el objetivo de reconstruir mejor», dijo Choudhary en un comunicado.
Las inundaciones comenzaron este mes y los medios locales han informado de 20 muertes, mientras que funcionarios dijeron que extensas zonas de tierras agrícolas han quedado bajo el agua. Bihar se encuentra río abajo de Nepal, que sufrió inundaciones mortales el mes pasado.
«Las inundaciones son nuestro destino, las enfrentamos todos los años», dijo Chandan Kumar Mahto, de 46 años, residente del distrito de Saran. «Estamos indefensos… tenemos dificultades para conseguir alimentos, agua potable segura y leche para los niños», agregó.
El gobierno de Bihar, formado por una coalición de partidos -incluido el Partido Bharatiya Janata, del primer ministro, Narendra Modi-, afirmó haber habilitado 13 campamentos de ayuda, con más de 1.000 cocinas comunitarias y casi 1.800 botes desplegados en las zonas afectadas por las inundaciones.
Modi envió un equipo del gobierno federal para realizar una «evaluación detallada de los daños», según funcionarios.
