Internacionales
Diez muertos y dos heridos en un incendio en una residencia de ancianos en España
El fuego se desató en la madrugada del viernes en un asilo ubicado en la localidad de Villafranca de Ebro, cerca de la capital de la región, Zaragoza, indicaron esos servicios en la red social X, sin más detalles.
El suceso dejó «10 personas fallecidas y dos en estado crítico», detalló a la televisión pública TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Hasta la pequeña localidad, de 840 habitantes, llegaron bomberos que pudieron extinguir el fuego en la residencia Jardines de Villafranca, un edificio de una sola planta de ladrillos rodeado de jardines.
El establecimiento, que se fundó en 2008 para albergar a personas mayores pero que también recibe a personas con problemas mentales de cualquier edad, tenía «82 residentes», según señaló Torres.
Puerta de seguridad
La alcaldesa de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez Gamiz, dijo a periodistas que el fuego se concentró en una sola habitación, pero el humo se dispersó rápidamente por la residencia.
«Ha sido en una habitación, con la suerte que esa habitación tiene una puerta de seguridad», pero «ha salido el humo», señaló, Ramírez Gamiz, quien precisó que la residencia contaba con dos trabajadores en el momento del incendio.
«Había una puerta cortafuegos que ha funcionado, la mitad del edificio ha quedado a salvo del incendio», subrayó el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez.
En el edificio se alojaba «gente de todo tipo (…) Gente muy joven, porque hay gente hasta de 25 años. O sea, que no estamos hablando de gente solo mayor. Hay gente joven con problemas mentales», explicó la alcaldesa.
«La causa del fallecimiento de cada una de estas 10 personas no la puedo decir todavía, porque está en investigación, pero en un fenómeno de esta naturaleza normalmente el mayor número de fallecidos suele ser por inhalación de humo», explicó de su lado el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que estaba «consternado ante la tragedia».
«Todo mi cariño y mi pésame a las familias y compañeros de los fallecidos, a los trabajadores del centro y al conjunto de los aragoneses. Deseo que las personas que se encuentran en estado grave se recuperen lo antes posible», apuntó.
¿Falta de personal?
El ministro Torres sugirió que había falta de personal en la residencia y que esto podría haber jugado un papel en el saldo de fallecidos.
Es importante «que las residencias tengan otro formato, e indudablemente son cuestiones que también tienen que hacernos pensar y recapacitar a todos. Indudablemente lo que no podemos tener es recortes cuando se habla de las personas mayores, porque (…) tienen dificultad ante cualquier situación para poder moverse», dijo Torres.
El presidente regional de Aragón, Jorge Azcón, por el contrario estimó que lo que agravó el balance fue la hora en que ocurrió el incendio y la dificultad de movimiento de los residentes.
«Muchos de ellos tienen problemas de salud mental, lo cual todavía ha hecho que el trabajo fuera más complicado, en un horario intempestivo, en un horario en el que la mayoría de los residentes estaban dormidos», dijo Azcón.
«Creo que las dos trabajadoras de la residencia han oído la alarma y han actuado, creo que han hecho un trabajo extraordinario», agregó.
Las personas que albergaba la residencia «se van a trasladar a otro centro para estar absolutamente seguras», indicó Torres.
España ha sufrido en los últimos años otros incendios en residencias de ancianos.
En febrero de 2024, murieron por el fuego tres personas en un geriátrico en Madrid, y en enero de 2022 otras nueve fallecieron en una residencia en Moncada, en la región de Valencia (este)».
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
