Internacionales
Detienen a 11 policías por varios casos de desaparición forzada en el estado mexicano de Veracruz en 2015
Once policías fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de varias personas en mayo de 2015 en la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que «respetando sus derechos humanos y el debido proceso serán presentados ante el juez que los requiere para que dentro del término legal se les defina su situación jurídica».
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, comentó que «no se van a permitir actos de abuso de poder de corrupción, de años pasados y presente».
Las detenciones de los agentes se llevaron a cabo en la academia policial en la colonia de Emiliano Zapata cuando se encontraban en activo.
A través de un comunicado, el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos pidió al juez Eric Antonio Hernández Méndez que realice «todos los actos necesarios para lograr una exitosa judicialización» y que cumpla con «las obligaciones que las autoridades tienen ante graves violaciones a derechos humanos, como lo es la desaparición forzada».
«Las familias que buscamos día a día a nuestros seres queridos, víctimas de desaparición forzada, no daremos un paso atrás en la exigencia de justicia y verdad», añadió.
Asimismo, recordó que los agentes detenidos «están vinculados a un proceso por el delito de desaparición forzada ocurrido el 11 de mayo de 2015, en el marco del Operativo de Seguridad Blindaje Coatzacoalcos», en el que desaparecieron José Manuel Cruz Perez, Jhonit Enriquez Orozco, Hector Manuel Facundo Ramos y Eliaquim Alvarado Villefuerte.
«Distintas horas y lugares»
El informe ‘Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC)’, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, menciona a otro desaparecido aquel día: Roberto Gallegos Osorio.
La operación, lanzada por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevó a cabo con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal.
«El 11 y 12 de mayo de 2015, durante la implementación del OBC, al menos cinco personas desaparecieron a diferentes horas y en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, también durante la aplicación de este operativo, al menos 30 personas fueron desaparecidas –nuevamente en distintas horas y lugares de la ciudad– de acuerdo a medios locales», indica el estudio.
Tras conocerse la noticia de las detenciones de los agentes, un grupo de familiares y activistas protestó frente a la Unidad Integral de Justicia de Coatzacoalcos y exigió un proceso limpio.
«Las personas que hoy ingresaron estaban uniformadas, y esa es la prueba latente de que son policías, como lo señalamos desde el primer día y nadie hizo nada. Esperemos que esto dé resultados», comentó Lenit Orozco, hermana de uno de los desaparecidos.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
