Judicial
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un anciano zapatero, ahora sus asesinos están libres
Durante el juicio la fiscal explicó que los pandilleros habían lanzado una alerta de manera general en la que sentenciaban a todo aquel que diera información.
Un anciano zapatero que investigaba la desaparición de su nieto fue asesinado por sujetos que quedaron libres por el temor infundido a un testigo
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un viejo zapatero que fue atacado por pandilleros que para salir bien librados del proceso judicial amenazaron de muerte a todo aquel que tratara de testificar en su contra.
Raúl Vázquez López, de 78 años de edad, fue asesinado por Carlos V., de 23 años, alias “El Negro”, y Víctor R., de 30, alias “Pupusa”, quienes se incomodaron por las preguntas que el hombre hacía para encontrar a su familiar.
Las dudas del zapatero llegaron hasta la noche del 28 de octubre de 2017, cuando regresaba a su casa de trabajar. El hombre fue presa fácil de los delincuentes quienes se interpusieron en su despacio caminar.
Carlos llevaba un arma en su mano con el dedo en el gatillo, lista para disparar, levantó el brazo y soltó 12 disparos que perforaron el pecho y el abdomen del zapatero; pocos segundos fueron los que necesitó para que su cuerpo se desplomara sobre el pavimento.
Culminado el acto criminal, los sujetos comenzaron a correr en dirección contraria hasta juntarse con otro hombre que realizaba llamadas a través de un teléfono celular. Todos desaparecieron en lo oscuro de la colonia.
El testigo y el proceso judicial
En este caso, los únicos que sabían lo que había pasado eran los pandilleros y una persona que se había ocultado a pocos metros de donde había sido ejecutado el zapatero.
Como en todo crimen las pistas que faltaban eran muchas, pero el testigo comenzó a colaborar con las autoridades y recibió un régimen de protección para que su vida no corriera peligro.
La declaración del delator sirvió para que Carlos y Víctor fueran capturados y procesados por el delito de homicidio agravado en contra del zapatero.
Durante la etapa de inicial y de instrucción el caso fue sustentado por el ministerio público con las palabras del testigo, algo que provocó que compinches de los imputados regaran la voz de amenaza en la zona donde se produjeron los hechos.
Las amenazas indirectas hicieron dudar al testigo quien llegó a cuestionar a los fiscales del caso “¿Cómo me van a garantizar mi vida?”, Sin tener una respuesta de calma, por lo que decidió abandonar el proceso dejando desarmada a la parte acusadora.
El pasado 13 de febrero se celebró la vista pública en contra de los dos sujetos implicados y antes de comenzar el desfile de pruebas, la fiscal del caso se paró frente a la jueza y le comunicó que el testigo no testificaría por medio a posibles represarías de las pandillas que operan en la zona.
La jueza del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador señaló que por “insuficiencia probatoria” de la participación de los dejó en libertad luego de permanecer en el centro penitenciario de máxima seguridad de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
